Tratado entre la República Argentina y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia civil y comercial

TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL La República Argentina y la República Popular China, en adelante denominadas “las Partes”,
Con el deseo de estrechar la cooperación judicial, sobre la base del respeto recíproco por la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo.
Han resuelto concluir el presente Tratado y han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I - Disposiciones generales
ARTICULO 1 - Ámbito de Aplicación
1. Las Partes se comprometen a prestarse mutuamente amplia asistencia judicial y cooperación en materia civil y comercial.
2. A los efectos del presente Tratado, se entenderá que la expresión materia civil incluye los asuntos laborales.
ARTICULO 2 - Protección Judicial
1. Los ciudadanos de cada una de las Partes gozarán en el territorio de la otra, en lo referente a su persona y sus bienes, de los mismos derechos a la protección judicial que los ciudadanos de esta última.
2. Los tribunales de una Parte no requerirán a los ciudadanos de la otra Parte la cautio judicatum solvi por las costas de los procedimientos por el solo hecho de ser extranjeros o de no tener domicilio ni residencia habitual en su territorio.
3. Las disposiciones del párrafo 1 y 2 del presente artículo también se aplicarán a las personas jurídicas constituidas en el territorio de cualquiera de las Partes de conformidad con sus leyes.
ARTICULO 3 - Reducción o Exención de Costas de Procedimientos y Asesoramiento legal
1. Los ciudadanos de una Parte tendrán, en el territorio de la otra Parte, derecho a una reducción o exención del pago de costas de procedimientos y se les brindará asesoramiento legal gratuito en las mismas condiciones y en la misma medida que a los ciudadanos de la otra Parte.
2. La solicitud de reducción o exención de las costas de procedimientos o de asesoramiento legal, conforme al párrafo 1, deberá acompañarse con un certificado de la situación financiera del solicitante expedido por las autoridades competentes de la Parte en cuyo territorio tenga su domicilio o residencia habitual. Si el solicitante no tuviera domicilio o residencia habitual en ninguna de las dos Partes, el certificado podrá ser otorgado o verificado por las representaciones diplomáticas o consulares de la Parte de la cual esa persona es ciudadano.
3. Las autoridades judiciales o autoridades competentes responsables de la decisión sobre la solicitud para reducción o exención de costas de procedimientos o asesoramiento legal podrán requerir información adicional.
ARTICULO 4 - Alcance de la Asistencia Judicial
La asistencia judicial, de conformidad con el presente Tratado, incluirá:
a) La notificación y entrega de documentos judiciales;
b) La recepción u obtención de pruebas, tales como: objetos, declaraciones de partes, testimonios, pruebas documentales e informativas, pericias, inspecciones judiciales y demás actos procesales relacionados con la obtención de pruebas;
c) El reconocimiento y ejecución de sentencias de los tribunales;
d) El intercambio de información sobre legislación;
e) Cualquier otro tipo de asistencia judicial, siempre que ello no sea incompatible con la legislación nacional de la Parte requerida.
ARTICULO 5 - Canales de Comunicación para la Asistencia Judicial
1. Las Partes se comunicarán directamente a través de sus Autoridades Centrales designadas respectivamente para solicitar o brindar asistencia judicial, salvo otra disposición del presente Tratado.
2. Las Autoridades Centrales mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo serán, para la República Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y, para la República Popular China, el Ministerio de Justicia.
3. Cuando una de las Partes cambie la Autoridad Central designada, dicha Parte deberá informarlo a la otra Parte a través de la vía diplomática.
ARTICULO 6 - Leyes y Procedimientos aplicables a la asistencia Judicial
1. Las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales en la tramitación de la asistencia judicial.
2. La Parte Requerida podrá otorgar a la solicitud de asistencia judicial una tramitación especial, solicitada por la Parte Requirente, siempre que no sea incompatible con su legislación nacional.
3. Si la autoridad judicial requerida se declara incompetente para tramitar la solicitud, ésta será remitida de inmediato a la autoridad judicial competente de su Estado para su tramitación.
ARTICULO 7 - Denegación de la Asistencia Judicial
Si la Parte Requerida considera que el cumplimiento de la solicitud de asistencia judicial pudiera afectar su soberanía, seguridad o los intereses esenciales públicos, o es contraria a los principios fundamentales de su legislación nacional, o si la asistencia solicitada no es competencia de sus autoridades judiciales, podrá denegar la asistencia judicial e informará de los motivos de su denegación a la Parte Requirente.
ARTICULO 8 - Forma y Contenido de la solicitud de Asistencia Judicial
I. La solicitud de asistencia judicial se hará por escrito y con la firma o el sello de la autoridad requirente y deberá contener:
a) Denominación y dirección de la autoridad requirente;
b) Denominación de la autoridad requerida, si fuera posible;
c) Nombre y dirección de la persona interesada en la solicitud; en caso de una persona jurídica, su denominación y dirección;
d) Nombre y dirección del representante de la parte interesada, si fuera necesario;
e) La descripción de la naturaleza de la acción a la cual se refiere la solicitud y un resumen del caso;
f) La descripción de la asistencia solicitada;
g) Toda otra información que pudiera ser necesaria para la tramitación de la solicitud.
2. Si la Parte Requerida considera que la información suministrada por la Parte Requirente no es suficiente para permitir que la solicitud sea tratada de conformidad con el presente Tratado, podrá solicitar información adicional a la Parte Requirente. Si aún así la Parte Requerida no pudiera tramitar la solicitud por insuficiencia de datos o debido a otros motivos, devolverá la solicitud y los documentos respaldatorios a la Parte Requirente, indicando los motivos que impidieron su cumplimiento.
ARTICULO 9 - Idioma
1. La Autoridad Central de cualquiera de las Partes utilizará en las comunicaciones escritas su idioma oficial con la correspondiente traducción al idioma de la otra Parte o al idioma inglés.
2. Las solicitudes de asistencia judicial y los documentos respaldatorios estarán redactados en el idioma de la Parte Requirente y serán acompañados por una traducción al idioma de la Parte Requerida o al idioma inglés.
ARTICULO 10 - Gastos
1. La Parte Requerida se hará cargo de los gastos que surjan de la tramitación de las solicitudes de asistencia judicial dentro de su territorio.
2. La Parte Requirente se hará cargo de los siguientes:
a) Los gastos que surjan de la tramitación especial solicitada de conformidad a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 6, del presente Tratado;
b) Los gastos de las personas relativos al viaje, estadía y salida del territorio de la Parte Requirente en virtud del artículo 13 del presente Tratado. Los mismos serán pagados de conformidad con las normas o reglamentaciones del lugar en el cual se haya incurrido en dichos gastos;
c) Gastos y honorarios de peritos; y
d) Gastos y honorarios de traducción e interpretación.
3. Si es evidente que la tramitación de la solicitud exige gastos extraordinarios, las Partes se consultarán para determinar las condiciones bajo las que se tramitará la solicitud.
CAPÍTULO II - Notificación y entrega de Documentos y Obtención de Pruebas
ARTICULO 11 - Límites a la Obtención de Pruebas
Las disposiciones del presente Tratado no se aplicarán a:
1. La obtención de pruebas que no vayan a ser utilizadas en un proceso judicial iniciado o probable; o
2. La obtención de documentos que no estén especificados en la solicitud o que no tengan una relación directa o conexa con el caso.
ARTICULO 12 - Intervención de las Partes y representantes
Si la Parte Requirente lo solicitara en forma expresa, la Parte Requerida informará a la Parte Requirente el momento y el lugar en que se tramitará la solicitud, para que las partes interesadas o sus representantes puedan asistir, quienes deberán cumplir con las leyes de la Parte Requerida.
ARTICULO 13 - Comparecencia de personas
1. Cuando la Parte Requirente cite a comparecer en calidad de testigo o perito, ante su propia autoridad judicial a una persona que resida en el territorio de la Parte Requerida, esta persona no podrá ser obligada a comparecer en virtud de dicha citación.
2. La Parte Requerida procederá a la citación según le hubiera sido solicitado sin que puedan surtir efecto las medidas conminatorias o las sanciones previstas en caso de incomparecencia.
3. Las personas que se desplacen a la Parte Requirente en calidad de testigos o peritos, no podrán ser perseguidos penalmente ni ser detenidos por hechos presuntamente delictivos cometidos con anterioridad a su entrada en la Parte Requirente, ni por su testimonio ante los Tribunales de la Parte Requirente.
ARTICULO 14 - Comunicación de los resultados de las solicitudes de asistencia
1. La Parte Requerida notificará por escrito a la Parte Requirente, a través de las vías de comunicación estipuladas en el artículo 5 del presente Tratado, los resultados de la notificación, que estarán acompañados por un certificado de notificación emitido por la autoridad que la efectuó. El certificado indicará el nombre y la identidad del destinatario, la fecha, lugar y método de notificación. Cuando el destinatario se niegue a recibirla se deberán indicar los motivos de la negativa.
2. La Parte Requerida notificará por escrito a la Parte Requirente, a través de las vías de comunicación establecidas en el artículo 5 del presente Tratado, los resultados de la tramitación de la solicitud para la obtención de pruebas y remitirá el material probatorio obtenido.
CAPÍTULO III - Reconocimiento y Cumplimiento de Sentencias
ARTICULO 15 - Ámbito de Aplicación
Las sentencias emanadas de un Tribunal de una de las Partes, en los términos y condiciones establecidos en el presente Tratado, dictadas con posterioridad a su entrada en vigencia, serán reconocidas y ejecutadas en el territorio de la otra Parte. Esta disposición se aplicará a:
a) Las sentencias dictadas por los tribunales en materia civil y comercial;
b) Las sentencias dictadas por los tribunales en materia penal con respecto a temas civiles relativos a la compensación por daños y perjuicios y restitución de bienes a las víctimas;
c) Los acuerdos homologados presentados por tribunales en materia civil y comercial.
ARTICULO 16 - Presentación de la Solicitud
La solicitud de reconocimiento y ejecución de una sentencia podrá ser presentada directamente por la parte interesada al tribunal competente de la Parte Requerida o al tribunal que dictó la sentencia para comunicarlo al tribunal competente de la Parte Requerida, por las vías estipuladas en el Artículo 5 del presente Tratado.
ARTICULO 17 - Requisitos de la Solicitud
1. Una solicitud de reconocimiento y ejecución de una sentencia deberá estar acompañada de:
a) Una copia certificada de la sentencia;
b) Un documento que exprese que la sentencia tiene fuerza de cosa juzgada y, cuando se solicite su ejecución, se establezca que la sentencia es ejecutoria, salvo que ésta lo indique en forma expresa;
c) Un documento que establezca que la parte contra la que se pretende ejecutar la sentencia ha sido debidamente notificada de la misma;
d) Un documento que disponga que la parte condenada ha sido debidamente citada, según la ley de la Parte donde se dictó la sentencia y que habiendo comparecido en juicio, de conformidad a esa legislación, haya sido debidamente representada, salvo que la sentencia lo indique en forma expresa.
2. La solicitud, la sentencia y los documentos mencionados anteriormente serán acompañados por una traducción al idioma de la Parte Requerida o al idioma inglés.
ARTICULO 18 - Denegación del reconocimiento o ejecución
El reconocimiento o ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales, podrán denegarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Tratado, o cuando:
a) La sentencia no es definitiva o no es ejecutable de conformidad con las leyes de la Parte que la dictó;
b) El tribunal que dictó la sentencia no tiene jurisdicción de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida;
c) La parte condenada no ha sido debidamente notificada o representada de conformidad con la legislación de la Parte que dictó la sentencia;
d) Existiese en los tribunales de la Parte Requerida un litigio pendiente entre las mismas partes, sobre los mismos hechos y teniendo el mismo objeto o ya se hubiere dictado una sentencia con fuerza de cosa juzgada en dicha Parte o en un tercer Estado y aquélla hubiere sido reconocida en la Parte Requerida;
e) La solicitud no cumpla con alguno de los requisitos previstos en el artículo 17.
ARTICULO 19 - Procedimiento de reconocimiento y ejecución
1. Los procedimientos contemplados en la legislación nacional de la Parte Requerida se aplicarán al reconocimiento y ejecución de las sentencias.
2. Los tribunales de la Parte Requerida se limitarán a examinar si las sentencias cumplen con los términos y condiciones estipulados en el presente Tratado y no examinarán las cuestiones de fondo de las sentencias.
3. Si la sentencia no puede ser reconocida o aplicada en su totalidad, el tribunal de la Parte Requerida podrá decidir conceder sólo su reconocimiento o ejecución parcial.
ARTICULO 20 - Efectos
La sentencia reconocida o ejecutada producirá en el territorio de la Parte Requerida el mismo efecto que si hubiera sido dictada por los Tribunales de esta última.
CAPÍTULO IV - Otras Disposiciones
ARTICULO 21 - Intercambio de información en materia jurídica
1. Las Autoridades Centrales de cada Parte podrán solicitarse informaciones sobre su ordenamiento jurídico vigente, en las materias a que se aplica el presente Tratado.
2. Los tribunales de una de las Partes, en el marco de un litigio concreto, podrán solicitar a la otra Parte informaciones sobre el ordenamiento jurídico relacionadas con el caso, a través de las Autoridades Centrales.
ARTICULO 22 - Notificación y Entrega de Documentos y Obtención de pruebas por los funcionarios diplomáticos o consulares.
Cada Parte podrá efectuar la notificación y entrega de documentos, así como la obtención de pruebas de sus nacionales en el territorio de la otra Parte, a través de sus funcionarios diplomáticos o consulares en ese territorio, a condición de que las leyes de esta Parte sean respetadas y no se tomen medidas obligatorias de ningún tipo.
ARTICULO 23 - Exención de legalización
A los fines del presente Tratado, los documentos presentados o certificados por los tribunales u otras autoridades competentes de cada Parte, que se transmitan a través de las vías de comunicación estipuladas en el artículo 5 del presente Tratado, estarán exentos de todo tipo de legalización.
ARTICULO 24 - Solución de controversias
Toda controversia que surja de la interpretación o ejecución del presente Tratado se resolverá a través de consultas por la vía diplomática, cuando las Autoridades Centrales de las Partes no pudieran llegar a una solución.
CAPÍTULO V - Disposiciones finales
ARTICULO 25 - Entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigor treinta días después de la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación, en Beijing.
2. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Tratado en cualquier momento mediante una notificación por escrito a la otra Parte a través de la vía diplomática. La terminación tendrá efecto ciento ochenta días después de la fecha de la notificación.
En testimonio de lo cual, los suscritos, estando debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.
Hecho en dos originales, en Buenos Aires el día 9 de abril de 2001, en los idiomas español y chino, siendo ambos igualmente auténticos.

Enmienda al Protocolo de Las Leñas

ENMIENDA AL PROTOCOLO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 07/02

VIGENCIA: 09/06/2024.

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en adelante “Estados Partes”;

TENIENDO EN CUENTA el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, suscrito entre los Estados Partes del MERCOSUR en el Valle de Las Leñas, República Argentina, el 27 de junio de 1992;

CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, firmado en la XVII Reunión de Ministros de Justicia de los Estados Partes del MERCOSUR;

CONSCIENTES de la necesidad de armonizar ambos textos.

ACUERDAN:

ARTÍCULO I

Modificar los artículos 1, 3, 4, 5, 10, 14, 19 y 35 del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, conforme a la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 1.- Los Estados Partes se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. La asistencia jurisdiccional en materia administrativa se referirá, según el derecho interno de cada Estado, a los procedimientos contencioso-administrativos en los que se admitan recursos ante los tribunales”.

“ARTÍCULO 3.- Los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de uno de los Estados Partes gozarán, en las mismas condiciones que los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Partes”.

“ARTÍCULO 4.- Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá ser impuesta en razón de la calidad de nacional, ciudadano o residente permanente o habitual de otro Estado Parte.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados Partes”.

“ARTÍCULO 5.- Cada Estado Parte deberá enviar a las autoridades jurisdiccionales del otro Estado Parte, según las vías previstas en los artículos 2 y 10, los exhortos en materia civil, comercial, laboral o administrativa, cuando tengan por objeto:

a) diligencias de mero trámite, tales como citaciones, intimaciones o apercibimientos, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes;

b) recepción u obtención de pruebas”.

“ARTÍCULO 10.- Los exhortos podrán ser transmitidos por vía diplomática o consular, por intermedio de la respectiva Autoridad Central o por las partes interesadas, conforme al derecho interno.

Si la transmisión del exhorto fuere efectuada por intermedio de las Autoridades Centrales o por vía diplomática o consular, no se exigirá el requisito de la legalización.

Si se transmitiere por intermedio de la parte interesada, deberá ser legalizado ante los agentes diplomáticos o consulares del Estado requerido, salvo que entre los Estados requirente y requerido se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad.

Los exhortos y los documentos que los acompañen deberán redactarse en el idioma de la autoridad requirente y ser acompañados de una traducción al idioma de la autoridad requerida”.

“ARTÍCULO 14.- Los documentos en los que conste el cumplimiento del exhorto serán devueltos por los medios y en la forma prevista en el artículo 10.

Cuando el exhorto no haya sido cumplido en todo o en parte, este hecho, así como las razones que determinaron el incumplimiento, deberán ser comunicados de inmediato a la autoridad requirente, utilizando los medios referidos en el párrafo precedente”.

“ARTÍCULO 19.- El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales solicitado por las autoridades jurisdiccionales podrá tramitarse por vía de exhortos y transmitirse por intermedio de la Autoridad Central o por conducto diplomático o consular, conforme al derecho interno.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la parte interesada podrá tramitar directamente el reconocimiento o ejecución de la sentencia. En tal caso, la sentencia deberá estar debidamente legalizada de acuerdo con la legislación del Estado en que se pretenda su eficacia, salvo que entre el Estado de origen del fallo y el Estado donde es invocado, se hubiere suprimido el requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad”.

“ARTÍCULO 35.- El presente Acuerdo no restringirá las disposiciones de las Convenciones que sobre la misma materia, hubieran sido suscriptas anteriormente entre los Estados Partes, en tanto sean más beneficiosas para la cooperación”.

ARTÍCULO II

Corregir los artículos 11 y 22 del texto en portugués del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, a los efectos de armonizar su redacción con los respectivos artículos 11 y 22 del texto en español que poseen la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 11.- La autoridad requirente podrá solicitar de la autoridad requerida se le informe el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que la autoridad requirente, las partes interesadas o sus respectivos representantes puedan comparecer y ejercer las facultades autorizadas por la legislación de la Parte requerida.

Dicha comunicación deberá efectuarse con la debida antelación por intermedio de las Autoridades Centrales de los Estados Partes”.

“ARTÍCULO 22.- Cuando se tratare de una sentencia o de un laudo arbitral entre las mismas partes, fundadas en los mismos hechos y que tuviere el mismo objeto que el de otro proceso jurisdiccional o arbitral en el Estado requerido, su reconocimiento y ejecutoriedad dependerán de que la decisión no sea incompatible con otro pronunciamiento anterior o simultáneo recaído en tal proceso en el Estado requerido.

Asimismo, no se reconocerá ni se procederá a la ejecución, cuando se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto, ante cualquier autoridad jurisdiccional de la Parte requerida con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad jurisdiccional que hubiere pronunciado la resolución de la que se solicite el reconocimiento”.

En el texto original en portugués dice:

“Artigo 11: A autoridade requerida poderá, atendendo a solicitação da autoridade requerente, informar o lugar e a data em que a medida solicitada será cumprida, a fim de permitir que a autoridade requerente, as partes interessadas ou seus respectivos representantes posma comparecer e exercer as faculdades autorizadas pela legislação da Parte requerida.

A referida comunicação deverá efetuar-se, com a devida antecedência, por intermédio das Autoridades Centrais dos Estados Partes”.

Debe decir:

“ARTIGO 11: A autoridade requerente poderá solicitar da autoridade requerida informação quanto ao lugar e a data em que a medida solicitada será cumprida, a fim de permitir que a autoridade requerente, as partes interessadas ou seus respectivos representantes, posma comparecer e exercer as faculdades autorizadas pela legislação da Parte requerida.

A referida comunicação deverá efetuar-se, com a devida antecedência, por intermédio das Autoridades Centrais dos Estados Partes”.

En el texto original en portugués dice:

“Artigo 22: Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos, e que tenha o mesmo objeto de outro processo judicial ou arbitral no Estado requerido, seu reconhecimento e sua executoriedade dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro pronunciamento anterior ou simultâneo proferido no Estado requerido.

Do mesmo modo não se reconhecerá nem se procederá à execução, quando se houver iniciado um procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, perante qualquer autoridade jurisdicional da Parte requerida, anteriormente à apresentação da demanda perante a autoridade jurisdicional que teria pronunciado a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento”.

Debe decir:

“ARTIGO 22: Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos, e que tenha o mesmo objeto de outro processo judirisdicional ou arbitral no Estado requerido, seu reconhecimento e sua executoriedade dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro pronunciamento anterior ou simultâneo proferido nesse processo no Estado requerido.

Do mesmo modo não se reconhecerá nem se procederá à execução, quando se houver iniciado um procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, perante qualquer autoridade jurisdicional do Estado requerido, anteriormente à apresentação da demanda perante a autoridade jurisdicional que teria pronunciado a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento”.

ARTÍCULO III

La presente Enmienda entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha del depósito del cuarto instrumento de ratificación.

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario de la presente Enmienda y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los cinco (5) días del mes de julio de 2002, en un ejemplar original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Convención con Italia Asistencia judicial y reconocimiento de sentencias

CONVENCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL Y DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ITALIANA

La República Argentina y la República Italiana;

Con el deseo de intensificar la cooperación entre ambos Estados en el campo de la asistencia judicial en materia civil, y

Teniendo en cuenta que ambos Estados están vinculados por la convenciones de La Haya sobre procedimiento civil del 1 de marzo de 1954 sobre supresión de la exigencia de la legislación de los documentos públicos extranjeros del 5 de octubre de 1961 y sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial del 18 de marzo de 1970.

Han convenido lo siguiente:

TITULO I - Disposiciones generales

ARTICULO 1 - Ambito de aplicación

Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a las materias objeto del Derecho Civil, incluyendo las materias objeto del Derecho Comercial, del Derecho de Familia y del Derecho Laboral.

ARTICULO 2 - Autoridades

1. A los fines de la presente convención, se entenderá por autoridad judicial aquella autoridad de las Partes que fuera competente, según la Legislación nacional, para entender en los procedimientos previstos en esta convención.

2. A los fines de la presente convención, la autoridad central será, para la República Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y para la República Italiana el Ministerio de Gracia y Justicia.

ARTICULO 3 - Protección jurídica

1. Los nacionales de cada una de las Partes gozarán en el territorio de la otra, en lo referente a su persona y sus bienes, de los mismos derechos y de la misma protección jurídica que los nacionales de esta última.

2. Los nacionales de cada una de las Partes tendrán acceso a las autoridades judiciales de la otra para la prosecución y la defensa de sus derechos e intereses en las mismas condiciones que los nacionales de esta última.

ARTICULO 4 - Dispensa de la cautio judicatum solvi

1. A los nacionales domiciliados o residentes en el territorio de una de las Partes, que se presentaran como actores o intervinientes ante las autoridades judiciales de la otra, no se les podrá imponer por su calidad de extranjeros o de no residente o de no domiciliados en el territorio de esta última, la cautio judicatum solvi respecto de los gastos de procedimiento.

2. Si el beneficiario de la cautio judicatum solvi resultara condenado con costas por sentencia firme emanada de autoridad judicial de una de las Partes, la sentencia será ejecutada, a instancia del legitimado, sin gastos en el territorio de la otra Parte.

La solicitud y sus anexos se ajustarán a lo establecido en el art. 23 de la presente convención.

La autoridad judicial interviniente se limitará a certificar si fuera exigible la parte de la sentencia referida a los gastos.

ARTICULO 5 - Patrocinio gratuito y exención de tasas y anticipos

1. Los nacionales de cada una de las Partes gozarán en el territorio de la otra de los beneficios del patrimonio gratuito en los procedimientos civil y contencioso administrativo, en la misma medida y condiciones que los nacionales de esta última.

2. Los nacionales de cada una de las Partes serán asimismo, beneficiarios en el territorio de la otra, en la misma medida y condiciones que los nacionales de esta última, de la exención de tasas y anticipos por gastos de justicia y otros gastos de procedimiento, así como de las demás facilidades previstas en esta materia en la legislación de esta última Parte.

3. Las disposiciones de los párrafos anteriores se aplicarán a todo el proceso, comprendida la ejecución de sentencia.

4. Las facilidades previstas en los párrafos precedentes, cuando dependieran de la situación personal o patrimonial del recurrente, serán acordadas sobre la base de certificaciones otorgadas por la autoridad competente de la Parte en cuyo territorio de las Partes, dicha certificación será otorgada por las autoridades competentes de la Parte de la cual sea nacional, de acuerdo con lo establecido en su legislación.

ARTICULO 6 - Validez de los actos públicos

A los fines de la presente convención los actos públicos de cada una de las Partes tendrán en la otra el valor probatorio de los actos correspondientes de esta última Parte.

ARTICULO 7 - Exención de legalización

A los fines de la presente convención los instrumentos, las copias y las traducciones redactadas o autenticadas por la autoridad competente de cada una de las Partes y provistas de la firma y sello oficial, estarán exentos de toda forma de legalización para ser utilizados ante la autoridad de la otra Parte, excepto lo dispuesto en el párrafo 1 del art. 23 de la presente convención.

ARTICULO 8 - Información en materia legal

Cada una de las Partes trasmitirá a la otra la información que ésta le solicitare --en el idioma de la Parte requerida-- sobre sus leyes y reglamentos y sobre su jurisprudencia. Esta información será remitida sin traducción.

ARTICULO 9 - Remisión de partidas del estado civil

Cada Parte, a requerimiento de la otra, remitirá copias de partidas y extractos de partidas de estado civil, así como otros documentos referentes al estado y a la capacidad de las personas necesarios para un procedimiento judicial, si la legislación de la Parte requerida lo consintiera.

ARTICULO 10 - Sistema de comunicación

Las Partes canalizarán las comunicaciones y documentación a las que se refiere la presente convención a través de sus autoridades centrales, excepto que disposiciones particulares de la presente convención dispongan lo contrario.

ARTICULO 11 - Personas jurídicas

Las disposiciones de la presente convención se aplicarán en cuanto fuera posible, a las personas jurídicas constituidas en cada una de las partes de acuerdo con su respectiva legislación.

ARTICULO 12 - Denegación de asistencia, del reconocimiento y de la ejecución

La asistencia judicial, como así también el reconocimiento y la ejecución de los actos, de las sentencias y de las resoluciones previstos por la presente convención podrán ser denegadas si fueran contrarias al orden público de la Parte requerida.

TITULO II - Asistencia judicial

ARTICULO 13 - Obligación de la asistencia

Cada una de las Partes prestará a la otra, a su requerimiento, asistencia para la ejecución de los actos y de los procedimientos judiciales, en particular los que se refieran a la trasmisión y notificación de los actos, a la admisión de pruebas, pericias y declaraciones de la Partes y de testigos, así como a la producción y trasmisión de las pruebas materiales.

ARTICULO 14 - Comisiones rogatorias

La solicitud de ejecución de la comisión rogatoria deberá indicar:

a) La autoridad judicial requirente;

b) La autoridad judicial requerida, si fuera posible;

c) La identificación del proceso dentro del cual la comisión rogatoria fuera requerida;

d) La identidad, el domicilio o lugar de residencia, la nacionalidad y la profesión de las partes y, eventualmente, de sus representantes;

e) El objeto de la comisión rogatoria y los actos a diligenciar.

ARTICULO 15 - Diligenciamiento de las comisiones rogatorias

1. Las comisiones rogatorias serán diligenciadas en la forma prevista por la legislación de la Parte requerida. Si la Parte requirente solicitase una forma especial de tramitación, la Parte requerida deberá observar las modalidades indicadas, siempre que ello no contraríe su legislación.

2. Si los datos y elementos suministrados por la Parte requirente fueran insuficientes, a los fines de permitir a la Parte requerida el diligenciamiento de la comisión rogatoria, esta última, luego de efectuadas las comprobaciones del caso, requerirá a la otra Parte todos los datos y elementos complementarios que considere necesarios.

3. La Parte requerida hará conocer en tiempo útil el lugar y la fecha de diligenciamiento de la comisión rogatoria. Las autoridades y las personas interesadas podrán asistir al diligenciamiento siempre que ello no contrariase la legislación de la Parte requerida.

4. Terminada la tramitación de la comisión rogatoria, la Parte requerida restituirá las actuaciones a la Parte requirente.

La comisión rogatoria deberá ser diligenciada en el más breve tiempo posible.

Cuando no hubiese sido posible dar cumplimiento a la comisión rogatoria, la Parte requerida restituirá en el más breve tiempo posible las actuaciones indicando los motivos que han impedido su diligenciamiento.

ARTICULO 16 - Documentos probatorios de la notificación de los actos

La prueba de la notificación surgirá del recibo firmado por la persona que hubiere recibido el documento, debidamente sellado, fechado y firmado por la autoridad que efectuó la notificación, o bien de la certificación de esta autoridad respecto del modo, lugar y fecha de la notificación. Si el acto a notificar constara en doble ejemplar, la prueba de la recepción o de su notificación podrá surgir de la inscripción de los datos antes mencionados en el ejemplar que se devolviere.

La Parte requerida remitirá sin demora a la otra el recibo o la certificación que compruebe la notificación.

ARTICULO 17 - Ejecución de las comisiones rogatorias por medio de misiones diplomáticas o de oficinas consulares

Cada una de las Partes, a través de sus misiones diplomáticas o de sus oficinas consulares acreditadas ante la otra, sin ejercer coacción, podrá notificar actos a sus nacionales que se encontraren en el territorio de esta última y, cuando no se opusiera la legislación de la otra Parte, a recibirles declaraciones.

ARTICULO 18 - Comparecencia de personas en la parte requirente

1. Cuando una de las Partes cite a comparecer, en calidad de testigos o perito, ante su propia autoridad judicial, a una persona que residiera en el territorio de la otra Parte, esta persona no podrá ser obligada a comparecer en virtud de dicha citación.

La Parte requerida procederá a la citación según le hubiera sido solicitado sin que pudieren surtir efecto las medidas conminatorias o las sanciones previstas en caso de incomparecencia.

2. Al testigo y al perito les corresponderá el reembolso de los gastos de viajes, los viáticos y las indemnizaciones previstas en la legislación de la Parte requirente. El pedido deberá especificar su importe.

ARTICULO 19 - Gastos

Quedarán a cargo de la Parte requerida los gastos derivados de la ejecución de la asistencia judicial, excepto los honorarios y los demás gastos relativos a la producción de pericias, y aquellos derivados del diligenciamiento de una comisión rogatoria que hubiera tenido que efectuarse en una forma especial solicitada por la Parte requirente, conforme lo previsto en el párrafo 1 del art. 15 de la presente convención.

ARTICULO 20 - Idiomas

1. Las solicitudes de asistencia judicial, y los documentos correspondientes, serán redactados en el idioma de la Parte requirente y acompañados de una traducción efectuada por traductor público, en el idioma de la Parte requerida.

2. Los documentos relativos al diligenciamiento de la comisión rogatoria serán trasmitidos a la Parte requirente en el idioma de la Parte requerida.

TITULO III - Reconocimiento y ejecución de sentencias y de otras resoluciones

ARTICULO 21 - Obligatoriedad del reconocimiento y de la ejecución

Cada una de las Partes reconocerá y declarará ejecutivas, dentro de los límites de los artículos siguientes, las sentencias en materia civil dictadas por autoridades judiciales de la otra, así como las disposiciones concernientes al resarcimiento de los daños y a la restitución de bienes contenidas en sentencias penales.

ARTICULO 22 - Condiciones requeridas

1. Las sentencias pronunciadas en materia civil por la autoridad judicial de cada una de las Partes, así como las disposiciones concernientes al resarcimiento de daños y a la restitución de bienes contenidas en sentencias penales, serán reconocidas por la otra parte salvo lo dispuesto en el art. 12 de la presente convención, conforme a las siguientes condiciones:

a) Que las sentencias hubieran sido pronunciadas por una autoridad judicial competente de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo;

b) Que la parte condenada hubiere sido debidamente citada según la ley de la Parte donde se dictara sentencia o que hubiere comparecido en juicio y, de conformidad a esa misma legislación, que hubiere sido debidamente representada;

c) Que la sentencia hubiera adquirido autoridad de cosa juzgada y fuera ejecutiva según la ley de la Parte donde hubiere sido dictada;

d) Que entre las mismas partes y sobre el mismo objeto no se hubiera dictado sentencia por parte de las autoridades judiciales de la Parte requerida;

e) Que no se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes y sobre el mismo objeto ante cualquier autoridad judicial de la Parte requerida, con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad judicial que hubiera pronunciado la resolución de la que se solicitase el reconocimiento.

2. A los fines del párrafo 1, inc. a), se considerará competente a la autoridad judicial cuando:

a) A la fecha de la interposición de la demanda, el demandado hubiera tenido domicilio o residencia en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial hubiere dictado sentencia;

b) El demandado hubiera sido citado a juicio por una controversia referida a una actividad de carácter industrial, agrícola comercial o financiera, por uno de sus establecimientos, una sucursal o una agencia, situados en el territorio de dicha Parte;

c) Por acuerdo expreso o tácito de los interesados, la obligación contractual objeto de la controversia hubiera sido o debiera haber sido ejecutada en el territorio de dicha Parte;

d) En materia de responsabilidad extracontractual, el hecho del que ella derivare se hubiera verificado en el territorio de dicha Parte;

e) El demandado se hubiera sometido expresamente a la competencia de dicha autoridad judicial, siempre que la ley de la Parte requerida no se opusiese, ya sea mediante elección de domicilio, o mediante acuerdo relativo a la determinación de la autoridad competente;

f) El demandado al contestar el mérito de la controversia no hubiere opuesto excepción de incompetencia;

g) La controversia hubiera tenido como objeto con derecho real sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial hubiere pronunciado sentencia;

h) La resolución tuviera por objeto el estado o la capacidad de una persona que, a la fecha de la interposición de la demanda, hubiere tenido la nacionalidad de la Parte cuya autoridad jurídica pronunció la sentencia;

i) La controversia tuviera por objeto una obligación de prestar alimentos y el actor fuere residente o estuviere domiciliado en la Parte cuya autoridad judicial pronunciara la sentencia.

3. Las resoluciones provisionalmente ejecutivas de cada una de las Partes, aunque susceptibles de recurso ordinario, serán reconocidas y declaradas ejecutivas en la otra Parte, según las condiciones previstas por el presente artículo, en cuando fueren aplicables, si decisiones del mismo tipo pudieran también allí ser dictadas o ejecutadas.

ARTICULO 23 - Solicitudes de reconocimiento y de ejecución

1. La solicitud de reconocimiento y de ejecución de una resolución podrá ser presentada directamente por la persona interesada a la autoridad judicial competente de la Parte donde la sentencia deberá ser reconocida o ejecutada. En este caso, la documentación mencionada en el párrafo siguiente deberá estar acompañada de la apostilla prevista en el art. 4º de la convención suprimiendo la legalización de los documentos públicos extranjeros y anexo, adoptada en la ciudad de La Haya el 5 de octubre de 1961. Sin embargo, las Partes podrán suprimir la necesidad de dicha formalidad mediante un acuerdo administrativo.

2. La solicitud de reconocimiento o de ejecución de una resolución deberá estar acompañada de:

a) Una copia de la resolución certificada conforme al original;

b) Una certificación de la que resulte que la resolución tiene fuerza de cosa juzgada, en los casos en que no se encontrare expresamente mencionado en la resolución misma, o bien que ella contenga la fórmula ejecutiva;

c) En el caso de la resolución pronunciada en rebeldía, una copia certificada de la situación conforme al original, o bien otro documento idóneo que probara que el demandado hubiere sido debidamente citado y, en el caso de incapacidad, un documento idóneo que comprobara que el incapaz hubiere sido debidamente representado, a menos que ello resulte del contenido de la sentencia;

ARTICULO 24 - Transacciones judiciales

Las transacciones concluidas ante autoridad judicial competente, según el art. 22, párrafo 2, de la presente convención, que tuvieran fuerza ejecutiva en una de las Partes, serán, a instancia del interesado, reconocidas y declaradas ejecutivas por la otra Parte.

La solicitud se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la presente convención.

ARTICULO 25 - Procedimientos para el reconocimiento y la ejecución

1. En los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias, de las resoluciones y de las transacciones judiciales, la autoridad judicial de la Parte requerida aplicará su legislación.

2. La autoridad judicial que resolviere sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones se limitará a verificar si las condiciones previstas en la presente convención hubieren sido cumplidas.

Esta autoridad judicial, al examinar las circunstancias sobre las cuales se fundara la competencia de la autoridad judicial de la otra Parte, estará vinculada por las contrataciones de hecho contenidas en las resoluciones que debieran ser reconocidas.

TITULO IV - Disposiciones finales

ARTICULO 26 - Ratificación y entrada en vigor

La presente convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Buenos Aires.

La presente convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de tres meses de la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.

Cualquiera una de las Partes podrá denunciar la presente convención a través de una notificación. La denuncia tendrá efecto el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de seis meses de la fecha en la cual ha sido notificada la otra Parte.

En la fecha de entrada en vigor de la presente convención cesarán de tener efecto las normas relativas a la asistencia judicial en materia civil y comercial de la convención para la ejecución de las Cartas Rogatorias y de Sentencias entre la República Argentina y el Reino de Italia, firmada en Roma el 1 de agosto de 1987.

Hecho en Roma, a nueve días del mes de diciembre del año mil novecientos ochenta y siete en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Convención Nueva York 1958 Ejecución de laudos arbitrales extranjeros

CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

ARTICULO I

1. La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tenga su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución.

2. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprenderá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido.

3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el art. X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno.

ARTICULO II

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.

2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.

3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.

ARTICULO III

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde las sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.

ARTICULO IV

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;

b) El original del acuerdo a que se refiere el art. II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.

ARTICULO V

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el art. II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la deferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

ARTICULO VI

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el art. V, párrafo 1 c), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.

ARTICULO VII

1. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque.

2. El protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados Contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente convención tenga fuerza obligatoria para ellos.

ARTICULO VIII

1. La presente convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. La presente convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO IX

1. Podrán adherirse a la presente convención todos los Estados a que se refiere el art. VIII.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas.

ARTICULO X

1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, que la presente convención se hará extensiva a todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo, o a uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la convención entre en vigor para dicho Estado.

2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente convención en el momento de la firma, de la ratificación o de adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de la presente convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales.

ARTICULO XI

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados Contratantes que no sean Estados federales;

b) En lo concerniente a los artículos de esta convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados o provincias constituyentes;

c) Todo estado federal que sea Parte en la presente convención proporcionará, a solicitud de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por conducto del secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la federación y en sus entidades constituyentes con respecto a determinada disposición de la convención, indicando la medida en que por acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal disposición.

ARTICULO XII

1. La presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente convención o se adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión, la presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO XIII

1. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el secretario general haya recibido la notificación.

2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación conforme a lo previsto en el art. X, podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones unidas. que la convención dejará de aplicarse al territorio de que se trate un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido tal notificación.

3. La presente convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento o la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia.

ARTICULO XIV

Ningún Estado Contratante podrá invocar las disposiciones de la presente convención respecto de otros Estados Contratantes más que en la medida en que él mismo esté obligado a aplicar esta convención.

ARTICULO XV

El secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el art. VIII:

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el art. VIII;

b) Las adhesiones previstas en el art. IX;

c) Las declaraciones y notificaciones relativas a los arts. I, X y XI;

d) La fecha de entrada en vigor de la presente convención, en conformidad con el art. XII;

e) Las denuncias y notificaciones previstas en el art. XIII.

ARTICULO XVI

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos; será depositada en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de la presente Convención a los Estados a que se refiere el art. VIII.

La República Argentina declara que:

- A base de reciprocidad, aplicará la convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado contratante únicamente. Declara asimismo que sólo aplicará la convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno.

- La presente convención se interpretará en concordancia con los principios y cláusulas de la Constitución Nacional vigente o con los que resultaren de reformas hechas en virtud de ella.

- Ratifica la declaración formulada al proceder a firmar la convención y que consta en el párrafo 15 del acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Nueva York el 10 de junio de 1958.

Convención de cooperación judicial con la República Francesa

CONVENCIÓN DE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FRANCESA

El gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa, deseosos de promover la cooperación judicial y contribuir al desarrollo de sus relaciones basadas en los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos e intereses recíprocos, han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Los dos Estados se comprometen a cooperar en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales y laborales, así como en las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito. Esta cooperación comprende igualmente el intercambio de información.

CAPITULO I - Reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales

Artículo 2

Las sentencias pronunciadas en un Estado serán reconocidas y podrán ser declaradas ejecutorias en el otro Estado, cuando reúnan las siguientes condiciones:

1. Que la decisión emane de un juez o tribunal que tenga competencia en la esfera internacional, según el derecho del Estado requerido.

2. Que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada en el Estado de origen y sea susceptible de ejecución; sin embargo, en materia de obligaciones alimentarias, de derecho de tenencia de un menor o de derecho de vista, la sentencia podrá ser simplemente ejecutada en el Estado de origen.

3. Que las partes hayan sido regularmente citadas a comparecer, representadas, o si hubieran sido declaradas en rebeldía, que el acto introductivo de instancia haya sido notificado regularmente en tiempo y forma para que ejerzan su defensa.

4. Que el fallo no afecte el orden público del Estado requerido.

5. Que entre las mismas partes, fundada en los mismos hechos y sobre el mismo objeto que en el Estado de origen no se hubiera dictado sentencia por parte de las autoridades judiciales del Estado requerido en una fecha anterior a la de la sentencia cuyo reconocimiento se solicita.

6. Que no se hubiera iniciado procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto que en el Estado de origen ante cualquier autoridad judicial del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad que hubiera pronunciado la resolución de la que se solicitase reconocimiento.

7. Que entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto que en el Estado de origen no se haya dado lugar a un fallo pronunciado en un tercer Estado en una fecha anterior a la de la sentencia de la que se solicita reconocimiento y que reúna las condiciones necesarias a tal fin en el Estado requerido.

Artículo 3

El procedimiento tendiente a obtener la ejecución de la sentencia se regirá por el derecho del Estado requerido.

La autoridad judicial de dicho Estado no realizará ningún examen sobre el fondo de la sentencia.

Cuando la sentencia resuelva sobre varias cuestiones de la demanda, la ejecución podrá ser acordada parcialmente.

Artículo 4

La parte que invoque el reconocimiento o que solicite la ejecución deberá presentar:

1. Una copia completa de la sentencia que deberá reunir las condiciones necesarias de autenticidad;

2. El original de notificación del fallo o de cualquier otro documento que implique que la notificación ha sido efectuada;

3. En su caso una copia auténtica de la citación enviada a la parte declarada en rebeldía en el procedimiento, y en cualquier otro documento que establezca que dicha citación fue entregada en tiempo y forma;

4. Cualquier documento mediante el cual se pueda establecer que la sentencia tiene fuerza de cosa juzgada y es ejecutoria dentro del territorio del Estado de origen, salvo que se tratase de una sentencia relativa a una obligación alimentaria, a la tenencia de un menor o al derecho de visita.

Dichos documentos deberán acompañarse de una traducción efectuada por traductor público o por cualquier otra persona autorizada a ese efecto en alguno de los dos Estados. Estos documentos deberán contar con la apostilla prevista en la Convención suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, de La Haya, del 5 de octubre de 1961.

Artículo 5

El beneficio de litigar sin gastos acordado a una persona en el Estado de origen será reconocido, cuando pretenda obtener el reconocimiento y ejecución de la sentencia en el Estado requerido, previa presentación de un certificado expedido por la autoridad competente del Estado de origen que acredite tal circunstancia.

Artículo 6

Los laudos arbitrales pronunciados en el territorio de uno de los dos Estados, serán reconocidos y ejecutados según las disposiciones previstas en el presente convenio en la medida en que éstas sean aplicables al arbitraje, sin perjuicio de la aplicación de la convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de Nueva York del 10 de julio de 1958.

Artículo 7

La solicitud de reconocimiento y de ejecución de una sentencia podrá ser presentada directamente por la persona interesada a la autoridad judicial competente del Estado requerido.

CAPITULO II - Intercambio de información

Artículo 8

Cada Estado enviará gratuitamente al otro Estado que lo solicite las actas y testimonios de fallos judiciales que se refieren al estado civil de los ciudadanos del Estado requirente, debiendo especificar este último los motivos de tal solicitud.

Las solicitudes y la remisión de las actas de Registro Civil serán transmitidas por la vía diplomática o consular, y las solicitudes y la remisión de los testimonios de fallos judiciales serán transmitidos por intermedio de las autoridades centrales, a saber: Para la República Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y para la República Francesa el Ministère de la Justice.

Artículo 9

Las autoridades centrales deberán comunicarse, a solicitud, todas las informaciones sobre la legislación y la jurisprudencia vigente en su Estado, así como los testimonios de los fallos judiciales pronunciados por los tribunales.

Artículo 10

Las autoridades centrales se comunicarán entre sí en el idioma del Estado requerido; su intervención será gratuita.

CAPITULO III - Disposiciones finales

Artículo 11

Las dificultades que pudiesen surgir de la presente convención serán resueltas por la vía diplomática.

Artículo 12

Cada uno de los Estados notificará al otro el cumplimiento de los procedimientos requeridos a los fines de la entrada en vigor de la presente convención.

Esta convención entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la fecha de recepción de la última de las notificaciones referidas en el párrafo anterior.

Artículo 13

Cada uno de los Estados podrá denunciar esta convención y su denuncia surtirá efecto transcurridos seis (6) meses desde la fecha de recepción de su notificación por el otro Estado.

Hecho en París el 2 de julio de 1991 en doble ejemplar, en idioma español y francés, siendo los dos textos igualmente válidos.

Acuerdo sobre cooperación judicial con Brasil

ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El Gobierno de la República Argentina, y

El Gobierno de la República Federativa del Brasil

Deseosos de promover la cooperación judicial entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil en materia civil, comercial, laboral y administrativa y de contribuir de este modo al desarrollo de sus relaciones en base a los principios del respeto de la soberanía nacional y la igualdad de derechos e intereses recíprocos, acuerdan lo siguiente:

CAPITULO I -- Cooperación y asistencia judicial

Artículo 1

Los Estados Contratantes se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia cooperación judicial en materia civil, comercial, laboral y administrativa. La asistencia judicial se extenderá a los procedimientos administrativos para los cuales se admita un derecho de recurso ante los tribunales.

CAPITULO II -- Autoridades centrales

Artículo 2

El Ministerio de Relaciones Exteriores de cada Estado Contratante es designado como autoridad central encargada de recibir y tramitar los pedidos de asistencia judicial en materia civil, comercial, laboral y administrativa. A tal efecto, dichas autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas dando intervención a las autoridades competentes, cuando sea necesario.

CAPITULO III -- Notificación de los actos extrajudiciales

Artículo 3

Los actos extrajudiciales en materia civil, comercial, laboral y administrativa, relativos a personas que se hallen en el territorio de uno de los dos Estados, podrán ser enviados por intermedio de la autoridad central del Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido.

Los recibos y certificaciones correspondientes serán enviados siguiendo el mismo procedimiento.

Artículo 4

Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de:

a) La facultad de dirigir los documentos directamente por correo a los interesados que se encuentren en el otro Estado;

b) La facultad que tienen los interesados de hacer la notificación directamente por medio de empleados públicos o funcionarios competentes del país de destino;

c) La facultad que tiene cada Estado de cursar la notificación destinada a las personas que se encuentren en el otro Estado por medio de sus representaciones diplomáticas o consulares.

Artículo 5

Los actos cuya notificación se solicita deberán ser redactados en el idioma del Estado requerido o ser acompañados de una traducción a ese idioma.

Artículo 6

El comprobante de la entrega deberá hacerse mediante recibo. En el mismo se dejará constancia de la forma, lugar y fecha de la entrega, del nombre de la persona a la que le fue entregado el documento, así como, si correspondiera, la negativa del destinatario de recibirlo o del hecho que impidió su entrega.

Artículo 7

Las notificaciones extrajudiciales efectuadas a través de la autoridad central, la vía diplomática y/o consular no podrán dar lugar a reembolso de los gastos realizados por el Estado requerido en su tramitación.

Sin embargo, el Estado requerido tendrá derecho a exigir al Estado requirente el reembolso de los gastos realizados por la aplicación de una forma especial.

CAPITULO IV -- Exhortos

Artículo 8

Cada Estado deberá enviar a las autoridades judiciales del otro Estado, según las formalidades previstas en el art. 2, los exhortos en materia civil, comercial, laboral y administrativa.

Artículo 9

La ejecución de un exhorto sólo podrá denegarse cuando no se encuentre dentro de las facultades de la autoridad judicial del Estado requerido o cuando por su naturaleza atente contra los principios de orden público.

Dicha ejecución no implica un reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual emana.

Artículo 10

Los exhortos y los documentos que los acompañen deberán redactarse en el idioma de la autoridad requerida o ser acompañados de una traducción a dicho idioma.

Artículo 11

La autoridad requerida deberá informar el lugar y la fecha en que la medida solicitada se hará efectiva, a fin de permitir que las autoridades, las partes interesadas y sus respectivos representantes puedan estar presentes.

Dicha comunicación deberá efectuarse por intermedio de las autoridades centrales de los Estados Contratantes.

Artículo 12

La autoridad judicial encargada de la ejecución de un exhorto aplicará su ley interna en lo que a las formalidades se refiera.

Sin embargo, podrá accederse a la solicitud de la autoridad requirente tendiente a aplicar un procedimiento especial, siempre que éste no sea incompatible con el orden público del Estado requerido.

La ejecución del exhorto deberá llevarse a cabo sin demora.

Artículo 13

Al ejecutar el exhorto, la autoridad requerida aplicará los medios de compulsión necesarios previstos en su legislación interna en los casos y en la medida en que estaría obligada a hacerlo para ejecutar un exhorto de las autoridades de su propio Estado o un pedido presentado a este efecto por una parte interesada.

Artículo 14

Los documentos en los que conste la ejecución del exhorto serán comunicados por intermedio de las autoridades centrales.

Cuando el exhorto no haya sido ejecutado en todo o en parte, este hecho así como las razones que lo determinaron, deberán ser comunicados de inmediato a la autoridad requirente, utilizando el medio señalado en el párrafo precedente.

Artículo 15

La ejecución del exhorto no podrá dar lugar al reembolso de ningún tipo de gastos.

Sin embargo, el Estado requerido tendrá derecho a exigir del Estado requirente el reembolso de los honorarios pagados a los peritos o intérpretes, como así también el reembolso de los gastos resultantes de la aplicación de una formalidad especial solicitada por el Estado requirente.

Artículo 16

Cuando los datos relativos al domicilio del destinatario del acto o de la persona citada a declarar estén incompletos o sean inexactos, la autoridad requerida deberá, sin embargo, agotar los medios para satisfacer el pedido. Al efecto, podrá solicitar al Estado requirente los datos complementarios que permitan la identificación y la búsqueda de la referida persona.

CAPITULO V -- Reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales

Artículo 17

Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables al reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales y laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los dos Estados en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Las mismas serán igualmente aplicables a las sentencias en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal.

Artículo 18

Las sentencias judiciales y laudos arbitrales a que se refiere el artículo precedente tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Contratantes si reúnen las siguientes condiciones:

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;

b) Que éstos y los documentos anexos que fueren necesarios estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución;

c) Que éstos emanen de un órgano jurisdiccional o arbitral competente según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional;

d) Que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado el ejercicio de su derecho de defensa;

e) Que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dictada;

f) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en el que se solicitan el reconocimiento y/o la ejecución;

Los requisitos de los incs. a), c), d), e) y f) deben surgir del testimonio de la sentencia judicial o laudo arbitral.

Artículo 19

La parte que en un juicio invoque una sentencia judicial o un laudo arbitral deberá acompañar un testimonio de la sentencia judicial o laudo arbitral con los requisitos del artículo precedente.

Artículo 20

Cuando se tratare de una sentencia judicial o laudo arbitral entre las mismas partes, fundada en los mismos hechos y que tuviere el mismo objeto que en el Estado requerido, su reconocimiento y su ejecutoriedad en el otro Estado dependerán de que la decisión no sea incompatible con otro pronunciamiento anterior o simultáneo en el Estado requerido.

CAPITULO VI -- Fuerza probatoria de los instrumentos públicos

Artículo 21

Los instrumentos públicos emanados de funcionarios públicos de uno de los dos Estados tendrán en el otro Estado la misma fuerza probatoria que los instrumentos equivalentes emanados de los funcionarios públicos de dicho Estado.

Artículo 22

A los fines de lo dispuesto en el artículo precedente la autoridad competente del Estado en el cual se solicita el reconocimiento se limitará a verificar si ese instrumento público reúne los requisitos exigidos para el reconocimiento de su validez en el Estado requerido.

CAPITULO VII -- Disposiciones generales

Artículo 23

Los documentos emanados de autoridades judiciales u otras autoridades de uno de los Estados, así como los documentos que certifiquen la validez y la fecha, la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean tramitados por la autoridad central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio del otro Estado.

Artículo 24

Las autoridades centrales de los Estados Contratantes podrán efectuar, en concepto de cooperación judicial, y siempre que las disposiciones de orden público no se opongan, pedidos de informes en las áreas del derecho civil comercial, laboral y administrativo sin que estos irroguen gasto alguno.

Artículo 25

Las autoridades centrales se suministrarán mutuamente, a pedido de las mismas, informes relativos a las leyes actualmente en vigencia en el territorio de los Estados a los cuales pertenecen.

Artículo 26

La prueba de las disposiciones legislativas y consuetudinarias de uno de los dos Estados podrá aportarse ante las jurisdicciones del otro Estado, mediante los informes suministrados por las autoridades consulares del Estado de cuyo derecho se trate.

Artículo 27

Los ciudadanos y los residentes permanentes de uno de los dos Estados gozarán, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes del otro Estado, del libre acceso a las jurisdicciones en dicho Estado, para la defensa de sus derechos e intereses.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los dos Estados.

Artículo 28

Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente del otro Estado.

El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de los dos Estados.

Artículo 29

Cada Estado remitirá, a través de la autoridad central, a solicitud del otro y para fines exclusivamente públicos, los certificados de las actas de los Registros de Estado Civil, sin cargo.

Artículo 30

Ninguna disposición del presente acuerdo impedirá la aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

CAPITULO VIII -- Disposiciones finales

Artículo 31

El presente acuerdo sustituye las disposiciones sobre la misma materia contenidas en el acuerdo de ejecución de cartas rogatorias celebrado en Buenos Aires el 14 de febrero de 1880 y modificado por el protocolo firmado en Río de Janeiro el 16 de setiembre de 1912.

Artículo 32

Las dificultades derivadas de la aplicación del presente acuerdo serán solucionadas por la vía diplomática.

Las autoridades centrales de las Partes Contratantes celebrarán consultas, en fechas acordadas mutuamente, para que el presente Acuerdo resulte lo más eficaz posible.

Artículo 33

El presente acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen mutuamente, por la vía diplomática, que se han cumplido todos los requisitos legales respectivos para su entrada en vigor.

Artículo 34

El presente acuerdo podrá ser denunciado mediante notificación por escrito, por la vía diplomática, y dicha denuncia surtirá efecto luego de transcurridos seis meses desde la fecha de recepción de la notificación por parte del otro Estado.

Hecho en Brasilia, el 20 de agosto de 1991, en dos ejemplares originales, en idioma español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.