Los Estados signatarios del presente Convenio, Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional,
Deseando evitar
conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable,
reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños,
Recordando la
importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños,
Confirmando que el
interés superior del niño merece una consideración primordial,
Constatando la
necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de
Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores,
Deseando
establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el Convenio de Naciones
Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,
Han acordado las
disposiciones siguientes:
CAPITULO I -
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 1
1. El presente
Convenio tiene por objeto:
a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño;
b) determinar
la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;
c) determinar
la ley aplicable a la responsabilidad parental;
d) asegurar
el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los
Estados contratantes;
e) establecer
entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para
conseguir los objetivos del Convenio.
2. A los fines del
Convenio, la expresión "responsabilidad parental" comprende la autoridad
parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos,
poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto
a la persona o los bienes del niño.
Artículo 2
El Convenio se
aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18
años.
Artículo 3
Las medidas
previstas en el artículo primero pueden referirse en particular a:
a) la
atribución, ejercicio y privación total o parcial de la responsabilidad
parental, así como su delegación;
b) el
derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del
niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el
derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un
periodo limitado de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual;
c) la
tutela, la curatela y otras instituciones análogas;
d) la
designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse
de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo;
e) la
colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección
legal mediante kafala o mediante una institución análoga;
f) la
supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por toda
persona que lo tenga a su cargo;
g) la
administración, conservación o disposición de los bienes del niño.
Artículo 4
Están excluidos
del ámbito del Convenio:
a) el
establecimiento y la impugnación de la filiación;
b) la
decisión sobre la adopción y las medidas que la preparan, así como la anulación
y la revocación de la adopción;
c) el
nombre y apellidos del niño;
d) la
emancipación;
e) las
obligaciones alimenticias;
f) los
trusts y las sucesiones;
g) la
seguridad social;
h) las
medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud;
i) las
medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los
niños;
j) las
decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración.
CAPITULO II -
COMPETENCIA
Artículo 5
1. Las
autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de
la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las medidas para
la protección de su persona o de sus bienes.
2. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de cambio de la residencia habitual
del niño a otro Estado contratante, son competentes las autoridades del Estado
de la nueva residencia habitual.
Artículo 6
1. Para los niños
refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de desórdenes en sus
respectivos países, están internacionalmente desplazados, las autoridades del
Estado contratante en cuyo territorio se encuentran como consecuencia del desplazamiento
ejercen la competencia prevista en el apartado primero del artículo 5.
2. La disposición
del apartado precedente se aplica también a los niños cuya residencia habitual
no pueda determinarse.
Artículo 7
1. En caso de
desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del Estado
contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes
de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el momento
en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y:
a) toda
persona, institución u otro organismo que tenga la guarda acceda al desplazamiento
o a la retención; o
b) el
niño resida en este otro Estado por un periodo de al menos un año desde que la
persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o
debiera haber conocido el lugar en que se encuentra el niño, sin que se
encuentre todavía pendiente petición alguna de retorno presentada en este
plazo, y el niño se hubiera integrado en su nuevo medio.
2. El
desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito:
a) cuando
se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o
conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con
arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y
b) este
derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento
del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no se hubieran producido
tales acontecimientos.
El derecho de
guarda a que se refiere la letra a) puede resultar, en particular, de una
atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un
acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.
3. Mientras las
autoridades mencionadas en el apartado primero conserven su competencia, las
autoridades del Estado contratante al que el niño ha sido desplazado o donde se
encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes necesarias para la
protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11.
Artículo 8
1.
Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos
5 ó 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación
para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede
- solicitar a esta
autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central de este
Estado, que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección que
estime necesarias, o
- suspender la
decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar la demanda ante la
autoridad de este otro Estado.
2. Los Estados
contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las condiciones previstas en
el apartado precedente son:
a) un
Estado del que el niño posea la nacionalidad;
b) un
Estado en que estén situados bienes del niño;
c) un
Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación de
cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio;
d) un
Estado con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho.
3. Las autoridades
interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.
4. La autoridad
requerida en las condiciones previstas en el apartado primero puede aceptar la
competencia, en lugar de la autoridad competente según los artículos 5 ó 6, si
considera que ello responde al interés superior del niño.
Artículo 9
1. Si las
autoridades de los Estados contratantes mencionados en el artículo 8, apartado
2, consideran que están en mejor situación para apreciar, en un caso
particular, el interés superior del niño, pueden ya sea
- solicitar a la
autoridad competente del Estado contratante de la residencia habitual del niño,
directamente o con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que
les permita ejercer su competencia para adoptar las medidas de protección que estimen
necesarias, o ya sea
- invitar a las
partes a presentar dicha petición ante las autoridades del Estado contratante
de la residencia habitual del niño.
2. Las autoridades
interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.
3. La autoridad de
origen de la solicitud sólo puede ejercer su competencia en lugar de la
autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad
ha aceptado la petición.
Artículo 10
1. Sin perjuicio
de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, en el
ejercicio de su competencia para conocer de una demanda de divorcio o
separación de cuerpos de los padres de un niño con residencia habitual en otro
Estado contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley
de su Estado lo permite, medidas de protección de la persona o de los bienes
del niño, si:
a) uno
de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de iniciarse
el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al
niño, y
b) la
competencia de estas autoridades para adoptar tales medidas ha sido aceptada
por los padres, así como por cualquier otra persona que tenga la
responsabilidad parental respecto al niño, si esta competencia responde al
interés superior del niño.
2. La competencia
prevista en el apartado primero para adoptar medidas de protección del niño
cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda de divorcio,
separación de cuerpos o anulación del matrimonio sea firme o el procedimiento finaliza
por otro motivo.
Artículo 11
1. En caso de
urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las
autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el
niño o bienes que le pertenezcan.
2. Las medidas
adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto de un niño que tuviera
su residencia habitual en un Estado contratante dejan de tener efecto desde que
las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 adopten las medidas
exigidas por la situación.
3. Las medidas
adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su
residencia habitual en un Estado no contratante dejan de tener efecto en todo Estado
contratante desde que las medidas exigidas por la situación y adoptadas por las
autoridades de otro Estado se reconocen en dicho Estado contratante.
Artículo 12
1. Sin perjuicio
del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de protección de la
persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia territorial restringida
a este Estado, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentren
el niño o bienes que le pertenezcan, siempre que tales medidas no sean incompatibles
con las ya adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 10.
2. Las medidas
adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto a un niño que tenga su
residencia en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el momento en
que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado
sobre las medidas que pueda exigir la situación.
3. Las medidas
adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su
residencia habitual en un Estado no contratante dejan de surtir efecto en el Estado
contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas
exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades de otro Estado.
Artículo 13
1. Las autoridades
de un Estado contratante que sean competentes para adoptar medidas de
protección de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben
abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de iniciarse el procedimiento,
se hubieran solicitado las medidas correspondientes a las autoridades de otro
Estado contratante que fueran competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en
el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen.
2. La disposición
del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante las que se
presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia.
Artículo 14
Las medidas
adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor en sus
propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer
la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las autoridades competentes
en virtud del Convenio no las hayan modificado, reemplazado o dejado sin efecto.
CAPÍTULO III - LEY
APLICABLE
Artículo 15
1. En el ejercicio
de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo II, las
autoridades de los Estados contratantes aplican su propia ley.
2. No obstante, en
la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo
requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de
otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho.
3. En caso de
cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, la ley de
este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en
el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se
produce la modificación.
Artículo 16
1. La atribución o
la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervención
de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la
residencia habitual del niño.
2. La atribución o
la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un
acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa,
se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento
en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral.
3. La
responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia habitual
del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado.
4. En caso de
cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la
responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad
se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.
Artículo 17
El ejercicio de la
responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia
habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se
rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.
Artículo 18
Podrá privarse de
la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o modificarse las
condiciones de su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación del Convenio.
Artículo 19
1. No puede impugnarse
la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría la
condición de representante legal según la ley del Estado en que se ha celebrado
el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único motivo de que
dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud de la
ley designada por las disposiciones del presente Capítulo, salvo que el tercero
supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por
esta ley.
2. El apartado
precedente sólo se aplica en los casos en que el acto se ha celebrado entre
personas presentes en el territorio de un mismo Estado.
Artículo 20
Las disposiciones
del presente Capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de un Estado no
contratante.
Artículo 21
1. A efectos del
presente capítulo, se entenderá por "ley" el Derecho vigente en un Estado,
con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.
2. No obstante, si
la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado no contratante
y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran a la ley de otro Estado no
contratante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este
último Estado. Si este otro Estado no contratante no aplicaría su propia ley,
se aplicará la ley designada por el art. 16.
Artículo 22
La aplicación de
la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo sólo puede
excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta
el interés superior del niño.
CAPÍTULO IV -
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN
Artículo 23
1. Las medidas
adoptadas por las autoridades de un Estado contratante se reconocerán de pleno
derecho en los demás Estados contratantes.
2. No obstante, el
reconocimiento podrá denegarse:
a) si
la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera fundada
en uno de los criterios previstos en el Capítulo II;
b) si,
excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento
judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser
oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado
requerido;
c) a
petición de toda persona que sostenga que la medida atenta contra su responsabilidad
parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que
dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída;
d) si
el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido,
teniendo en cuenta el interés superior del niño;
e) si
la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado
no contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida
reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido;
f) si
no se ha respetado el procedimiento previsto en el art. 33.
Artículo 24
Sin perjuicio del
artículo 23, apartado primero, toda persona interesada puede solicitar a las
autoridades competentes de un Estado contratante que decidan acerca del reconocimiento
o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado contratante.
El procedimiento
se rige por la ley del Estado requerido.
Artículo 25
La autoridad del
Estado requerido está vinculada por las constataciones de hecho sobre las que
la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado su competencia.
Artículo 26
1. Si las medidas
adoptadas en un Estado contratante y ejecutorias en el mismo comportan actos de
ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas
a los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de toda parte
interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado.
2. Cada Estado
contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de
exequátur o al registro.
3. La declaración
de exequátur o el registro no pueden denegarse mas que por uno de los motivos
previstos en el artículo 23, apartado 2.
Artículo 27
Sin perjuicio de
la revisión necesaria en aplicación de los artículos precedentes, la autoridad
del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuando al fondo de la medida
adoptada.
Artículo 28
Las medidas
adoptadas en un Estado contratante, declaradas ejecutorias o registradas a los
fines de ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán como si hubiesen
sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará
conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley,
teniendo en cuenta el interés superior del niño.
CAPÍTULO V -
COOPERACIÓN
Artículo 29
1. Todo Estado
contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las
obligaciones que el Convenio le impone.
2. Un Estado
federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas jurídicos o un
Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad
Central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones.
El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la
que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad
Central competente dentro de ese Estado.
Artículo 30
1. Las Autoridades
Centrales deberán cooperar entre ellas y promover la colaboración entre las
autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos
del Convenio.
2. Dichas
autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las disposiciones
apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre
los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección
del niño.
Artículo 31
La Autoridad
Central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o con la
cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas
para:
a) facilitar
las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y
en el presente Capítulo;
b) facilitar
por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento análogo,
acuerdos amistosos para la protección de la persona o de los bienes del niño,
en las situaciones a las que se aplica el Convenio;
c) ayudar,
a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar
al niño cuando parezca que éste se encuentra en el territorio del Estado
requerido y necesita protección.
Artículo 32
A petición
motivada de la Autoridad Central o de otra autoridad competente de un Estado
contratante con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la Autoridad Central
del Estado contratante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que
éste se encuentre, puede, sea directamente, sea con el concurso de autoridades
públicas o de otros organismos,
a) proporcionar
un informe sobre la situación del niño;
b) solicitar
a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad de adoptar
medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño.
Artículo 33
1. Cuando la
autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la colocación del
niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal
por kafala o por una institución análoga, y esta colocación o este
acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará
previamente a la Autoridad Central o a otra autoridad competente de este último
Estado. A este efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de
su proposición sobre la colocación o el acogimiento.
2. El Estado
requirente sólo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el acogimiento
si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado requerido ha aprobado
esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
Artículo 34
1. Cuando se prevé
una medida de protección, las autoridades competentes en virtud del Convenio
pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda autoridad de otro
Estado contratante les transmita las informaciones útiles que pueda tener para
la protección del niño.
2. Todo Estado
contratante podrá declarar que las solicitudes previstas en el apartado primero
sólo podrán realizarse a través de su Autoridad Central.
Artículo 35
1. Las autoridades
competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro
Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en práctica de
las medidas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en particular para
asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el derecho a
mantener contactos directos regulares.
2. Las autoridades
de un Estado contratante en el que el niño no tenga su residencia habitual
pueden, a petición de un progenitor que resida en este Estado y desee obtener o
conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y pronunciarse sobre
la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y sobre las
condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para decidir
sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de
pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informaciones, pruebas o
conclusiones.
3. Una autoridad
competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5
a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud
hecha de acuerdo con el apartado 2, particularmente cuando se le haya presentado
una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por las autoridades
del Estado de la antigua residencia habitual.
4. Las
disposiciones de este artículo no impiden que una autoridad competente en virtud
de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva sobre
la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2.
Artículo 36
En caso de que el
niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado
contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de adoptarse medidas de
protección de este niño, avisarán, si son informadas del cambio de residencia o
de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este Estado acerca
del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de examen.
Artículo 37
Una autoridad no
puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este Capítulo si
considera que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro la persona o los
bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un
miembro de su familia.
Artículo 38
1. Sin perjuicio
de la posibilidad de reclamar los gastos razonables correspondientes a los
servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás autoridades públicas
de los Estados contratantes soportarán sus gastos derivados de la aplicación de
las disposiciones del presente Capítulo.
2. Todo Estado
contratante puede concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes
sobre el reparto de gastos.
Artículo 39
Todo Estado
contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes para
mejorar la aplicación del presente Capítulo en sus relaciones recíprocas.
Los Estados que
hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al depositario del Convenio.
CAPITULO VI -
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 40
1. Las autoridades
del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado
contratante en que se ha adoptado una medida de protección podrán expedir un certificado
al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya
confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición suya,
indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos.
2. La condición y
los poderes indicados por el certificado se tendrán por ciertos, salvo prueba
en contrario.
3. Cada Estado
contratante designará las autoridades competentes para expedir el certificado.
Artículo 41
Los datos
personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al Convenio, no
podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o
transmitieron.
Artículo 42
Las autoridades a
las que se transmitan informaciones, garantizarán su confidencialidad conforme
a la ley de su Estado.
Artículo 43
Los documentos
transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán exentos de
legalización o cualquier otra formalidad análoga.
Artículo 44
Todo Estado
contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las
solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33.
Artículo 45
1. Las designaciones
a que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
2. La declaración
a que se refiere el artículo 34, apartado 2, se hará al depositario del
Convenio.
Artículo 46
Un Estado
contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas
diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado a
aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con
estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas.
Artículo 47
En relación a un
Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas relativas a
las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales
diferentes:
1. Cualquier
referencia a la residencia habitual en este Estado se interpretará como una
referencia a la residencia habitual en una unidad territorial.
2. Cualquier
referencia a la presencia del niño en este Estado se interpretará como una
referencia a la presencia del niño en una unidad territorial.
3. Cualquier
referencia a la situación de los bienes del niño en este Estado se interpretará
como una referencia a la situación de los bienes del niño en una unidad territorial.
4. Cualquier
referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se interpretará como
una referencia a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o,
en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el niño
presente el vínculo más estrecho.
5. Cualquier
referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una demanda de
divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o en anulación de su matrimonio,
se interpretará como una referencia a la unidad territorial en la que se presenta
dicha demanda a una autoridad.
6. Cualquier
referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo estrecho se
interpretará como una referencia a la unidad territorial con la que el niño
presenta este vínculo.
7. Cualquier
referencia al Estado al que el niño ha sido trasladado o retenido se interpretará
como una referencia a la unidad territorial a la que el niño ha sido desplazado
o retenido.
8. Cualquier
referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las
Autoridades Centrales, se interpretará como una referencia a los organismos o autoridades
habilitados para actuar en la unidad territorial afectada.
9. Cualquier
referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en que la
medida ha sido adoptada se interpretará como una referencia a la ley, el
procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha
sido adoptada.
10. Cualquier
referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado requerido se
interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad de la
unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución.
Artículo 48
Para determinar la
ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda
dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su propio sistema
jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el
presente Convenio, se aplican las reglas siguientes:
a) en
el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la unidad
territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley;
b) en
defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada
según las disposiciones del artículo 47.
Artículo 49
A los fines de
determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, cuando un Estado tenga,
para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos
o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se
aplicarán las reglas siguientes:
a) en
el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifique cual de
estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley;
b) a
falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con
el que el niño presente el vínculo más estrecho.
Artículo 50
El presente
Convenio no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en las relaciones entre las
Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen
disposiciones del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha
sido ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita.
Artículo 51
En las relaciones
entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye al Convenio de 5
de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia
de Protección de Menores y al Convenio para Regular la Tutela de los Menores, firmado
en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas
adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado.
Artículo 52
1. El Convenio no
derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean
partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente
Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.
2. El Convenio no
afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir
acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente
Convenio, respecto a niños que tengan su residencia habitual en uno de los Estados
parte en tales acuerdos.
3. Los acuerdos a
concluir por uno o varios Estados contratantes sobre materias reguladas por el
presente Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente
Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes.
4. Los apartados
precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes basadas en la
existencia entre los Estados afectados de vínculos especiales, particularmente
de naturaleza regional.
Artículo 53
1. El Convenio se
aplicará tan sólo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en
vigor del Convenio para dicho Estado.
2. El Convenio se
aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de
su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se han adoptado
las medidas y el Estado requerido.
Artículo 54
1. Toda
comunicación a la Autoridad Central o a cualquier otra autoridad de un Estado
contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a
la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando
esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al
inglés.
2. No obstante, un
Estado contratante podrá oponerse a la utilización sea del francés, sea del
inglés, haciendo la reserva prevista en el artículo 60.
Artículo 55
1. Cualquier
Estado contratante podrá, conforme al artículo 60:
a) reservarse
la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los
bienes de un niño situados en su territorio;
b) reservarse
el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería
incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación a dichos
bienes.
2. La reserva
podrá restringirse a determinadas categorías de bienes.
Artículo 56
El Secretario
General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará
periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico
del Convenio.
CAPITULO VII -
CLÁUSULAS FINALES
Artículo 57
1. El Convenio
está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de
la Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava
Sesión.
2. Será
ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación
o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de
los Países Bajos, depositario del Convenio.
Artículo 58
1. Cualquier otro
Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del
artículo 61, apartado 1.
2. El instrumento
de adhesión se depositará en poder del depositario.
3. La adhesión
sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados
contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses
siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63,
apartado b).
Podrá asimismo
formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación,
aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones
serán notificadas al depositario del Convenio.
Artículo 59
1. Cuando un
Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen
sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por
el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier
momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.
2. Toda
declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en
ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio
será aplicable.
3. En el caso de
que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el
Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.
Artículo 60
1. Cualquier
Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración hecha en
virtud del artículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos
54, apartado 2, y 55. Ninguna otra reserva será admitida.
2. Cualquier
Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. Esta
retirada se notificará al depositario.
3. La reserva
dejará de surtir efecto el día primero del tercer mes posterior a la notificación
mencionada en el apartado precedente.
Artículo 61
1. El Convenio
entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período
de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación
o de aprobación previsto por el artículo 57.
2. En lo sucesivo,
el Convenio entrará en vigor:
a) para
cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero
del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito
de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
b) para
cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de
un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto
en el artículo 58, apartado 3;
c) para
las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del
Convenio de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a
la expiración de un periodo de tres meses después de la notificación prevista
en dicho artículo.
Artículo 62
1. Cualquier
Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación
por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades
territoriales a las que se aplique el Convenio.
2. La denuncia
surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo
de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario.
En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia
surta efecto, éste tendrá efecto cuando transcurra dicho período.
Artículo 63
El depositario
notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad
con las disposiciones del artículo 58:
a) las
firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo
57;
b) las
adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 58;
c) la
fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las disposiciones
del artículo 61;
d) las
declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59;
e) los
acuerdos a que se refiere el artículo 39;
f) las
reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, y 55 y el retiro de
las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2;
g) las
denuncias a que se refiere el artículo 62.
En fe de lo cual,
los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya,
el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno
del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia
auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava Sesión.
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