Convención de UNIDROIT sobre leasing internacional

CONVENCIÓN DE UNIDROIT SOBRE LEASING FINANCIERO INTERNACIONAL

NO APROBADA POR ARGENTINA

LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCIÓN.

RECONOCIENDO la importancia de remover ciertos impedimentos jurídicos al arrendamiento financiero internacional de equipos y de mantener un justo equilibrio de los intereses de las distintas partes de la operación.

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de hacer más accesible el arrendamiento financiero internacional,

CONSCIENTES del hecho que las reglas jurídicas que regulan los contratos tradicionales de arrendamiento necesitan ser adaptadas a la diferente relación triangular que se crea en el caso de la operación del arrendamiento financiero internacional,

RECONOCIENDO, por tanto, la conveniencia de formular ciertas reglas uniformes relacionadas principalmente con los aspectos de derecho civil y comercial del arrendamiento financiero internacional,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPITULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. La presente Convención regirá las operaciones de arrendamiento financiero internacional que se describen en el párrafo 2, en las cuales una parte (el arrendador),

(a) conforme a las especificaciones de la otra parte (el arrendatario), celebra un contrato (el contrato de suministro) con una tercera parte (el proveedor), en virtud del cual el arrendador adquiere instalaciones, bienes de capital u otros equipos (el equipo) bajo términos aprobados por el arrendatario en lo que concierne a sus intereses, y

(b) celebra un contrato (el contrato de arrendamiento) con el arrendatario por el que concede al arrendatario el derecho de usar el equipo mediante el pago de rentas.

2. El arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo precedente constituye una operación que tiene las siguientes características:

(a) el arrendatario especifica el equipo y elige el proveedor sin depender primordialmente de la habilidad y juicio del arrendador;

(b) el equipo se adquiere por el arrendador en relación con un contrato de arrendamiento, que el proveedor sabe que ha sido celebrado o está por celebrarse entre el arrendador y el arrendatario; y

(c) las rentas estipuladas en el contrato de arrendamiento se calculan tomando especialmente en cuenta la amortización del total o de una parte substancial del costo del equipo.

3. La presente Convención se aplica independientemente de que el arrendatario tenga o no, o posteriormente adquiera, la opción de comprar el equipo o conservarlo en arrendamiento por un período posterior, e independientemente de que lo haga por un precio o por una renta nominales.

4. La presente Convención se aplica a las operaciones de arrendamiento financiero respecto de cualquier equipo, excepto el que vaya a ser utilizado primordialmente para fines personales, familiares o doméstico del arrendatario.

Artículo 2

En caso de una o más operaciones de subarriendo relativas al mismo equipo, la presente Convención se aplica a cada operación que sea una operación de arrendamiento financiero y que se rige por la presente Convención como si la persona de la cual el primer arrendador (tal como se define en el párrafo 1 del artículo precedente) adquirió el equipo fuera el proveedor y como si el contrato en virtud del cual el equipo fue así adquirido fuera el contrato de suministro.

Artículo 3

1. La presente Convención se aplica cuando el arrendador y el arrendatario tienen sus establecimientos en Estados diferentes y:

(a) aquellos Estados y el Estado en que el proveedor tiene su establecimiento son Estados contratantes; o

(b) si el contrato de suministro y el contrato de arrendamiento se rigen ambos por la ley de un Estado contratante.

2. Cualquier referencia en la presente Convención al establecimiento de una parte, designará, si tiene más de un establecimiento, el establecimiento que guarde la relación más estrecha con el contrato respectivo y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o contempladas por las partes en cualquier momento antes de la celebración de ese contrato o en el momento de su celebración.

Artículo 4

1. Las disposiciones de la presente Convención no dejarán de aplicarse por el solo hecho que el equipo ha sido incorporado o fijado a un inmueble.

2. Cualquier cuestión relativa a la incorporación o fijación de un equipo a un inmueble y, si fuera el caso, a los efectos que ello tenga entre los derechos del arrendador y los de la persona que tenga algún derecho real sobre el inmueble, se determinarán conforme a la ley del Estado en que se encuentra el inmueble.

Artículo 5

1. Se podrá excluir la aplicación de la presente Convención sólo si cada una de las partes del contrato de suministro y cada una de las partes del contrato de arrendamiento acuerdan excluirla.

2. Si la aplicación de la presente Convención no ha sido excluida conforme al párrafo precedente, las partes podrán, en sus relaciones recíprocas, derogar cualesquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos, salvo lo que se establece en los artículos 8(3), 13(3)(b) y 13(4).

Artículo 6

1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su objeto y propósitos, tal como se expresan en el preámbulo, su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

CAPITULO II – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Artículo 7

1. (a) Los derechos reales del arrendador sobre el equipo serán oponibles al síndico de quiebra y a los acreedores del arrendatario, incluyendo los acreedores que posean un título de ejecución definitivo o provisorio.

(b) A los efectos de este párrafo, el término “síndico de quiebra” comprende al liquidador, administrador u otra persona nombrada para administrar el patrimonio del arrendatario para beneficio del conjunto de los acreedores.

2. En caso que, conforme a la ley aplicable, los derechos reales del arrendador sobre el equipo sean oponibles a una de las personas referidas en el párrafo precedente sólo si se cumplen requisitos de notificación pública, esos derechos serán oponibles a esa persona sólo si se cumplen esos requisitos.

3. A los efectos del párrafo precedente, la ley aplicable será la ley del Estado que, en el momento en que una de las personas referidas en el párrafo 1 tiene derecho de invocar las reglas referidas en el párrafo 2, es:

(a) en el caso de un buque registrado, el Estado en que se ha registrado bajo el nombre de su propietario (para los efectos de este apartado, un arrendador a casco desnudo no se considera propietario);

(b) en el caso de una aeronave que se ha registrado conforme a la Convención de Aviación Civil Internacional hecha en Chicago el 7 de diciembre de 1944, el Estado en que se haya efectuado tal registro;

(c) en el caso de otro equipo que pertenezca a una categoría que normalmente se traslada de un Estado a otro, incluyendo motores de aeronaves, el Estado en que el arrendatario tiene su establecimiento principal;

(d) en el caso de cualquier otro equipo, el Estado en que se encuentre el equipo.

4. El párrafo 2 no afectará las disposiciones de cualquier otro tratado que obligue a reconocer los derechos reales del arrendador sobre el equipo.

5. Este artículo no afectará la prioridad de cualquier acreedor que tenga:

(a) un derecho de retención o de garantía sobre el equipo, constituido o no en virtud de un contrato, siempre que no derive de un título de ejecución definitivo o provisorio, o

(b) cualquier derecho de secuestro, detención o disposición conferido específicamente en relación con buques o aeronaves por la ley aplicable en virtud de las reglas del derecho internacional privado.

Artículo 8

1. (a) Salvo que se disponga otra cosa en la presente Convención o en las estipulaciones del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador no incurrirá en ninguna responsabilidad ante el arrendatario respecto al equipo, excepto en la medida en que el arrendatario haya sufrido pérdidas por haber confiado en la habilidad y juicio del arrendador y por la intervención del arrendador en la elección del proveedor o en las especificaciones del equipo.

(b) El arrendador no será, en su calidad de arrendador, responsable ante terceras personas por la muerte, lesiones personales o daños patrimoniales causados por el equipo.

(c) Las disposiciones del presente párrafo no regirán la responsabilidad que le quepa al arrendador por cualquier otra calidad, por ejemplo como propietario.

2. El arrendador garantiza al arrendatario que su posesión tranquila no será perturbada por una persona que tenga un título o derecho preferencial, o que demande judicialmente un título o derecho preferencial, siempre que tal título, derecho o demanda no deriven de un acto u omisión del arrendatario.

3. Las partes no podrán derogar las disposiciones del párrafo precedente ni modificar sus efectos si el título, derecho o demanda preferencial se derivan de un acto u omisión intencional del arrendador o de su falta grave.

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 no afectarán cualquier garantía más amplia sobre la posesión tranquila que esté obligado a dar el arrendador por la ley aplicable en virtud de las normas del derecho internacional privado.

Artículo 9

1. El arrendatario cuidará apropiadamente del equipo, lo utilizará en una forma razonable y lo mantendrá en el estado en que fue entregado, considerándose el deterioro por su uso normal y apropiado y cualquier modificación del equipo acordada por las partes.

2. Al terminar el contrato de arrendamiento, el arrendatario devolverá el equipo al arrendador en el estado descrito en el párrafo precedente, salvo que él haya ejercido su derecho a comprarlo o a tenerlo arrendado por un período adicional.

Artículo 10

1. Las obligaciones del proveedor derivadas del contrato de suministro podrán ser igualmente invocadas por el arrendatario, como si él mismo hubiera sido una parte de ese contrato y como si el equipo debiera serle suministrado directamente. Sin embargo, el proveedor no será responsable ante el arrendador y el arrendatario con respecto a un mismo daño.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo otorga al arrendatario el derecho de rescindir o anular el contrato de suministro sin el consentimiento del arrendador.

Artículo 11

Los derechos del arrendatario que se originen en el contrato de suministro conforme a la presente Convención, no serán afectados por la modificación que se haga de cualquier término del contrato de suministro previamente aprobado por el arrendatario, salvo que él acepte esa modificación.

Artículo 12

1. Cuando el equipo no es entregado o es entregado con retardo o no está en conformidad con el contrato de suministro:

(a) el arrendatario tiene frente al arrendador el derecho de rechazar el equipo o de resolver el contrato de arrendamiento; y

(b) el arrendador tiene el derecho de subsanar la falta de cumplimiento de su obligación de entregar el equipo conforme a las estipulaciones del contrato de suministro, como si el arrendatario hubiera comprado el equipo al arrendador conforme a los mismos términos del contrato de suministro.

2. Los derechos contemplados en el párrafo precedente se ejercerán y se perderán en las mismas condiciones que si el arrendatario hubiera comprado el equipo al arrendador conforme a los mismos términos del contrato de suministro.

3. El arrendatario tendrá el derecho de retener el pago de las rentas estipuladas en el contrato de arrendamiento hasta que el arrendador haya subsanado el cumplimiento de su obligación de entregar el equipo conforme al contrato de suministro o hasta que el arrendatario haya perdido el derecho de rechazar el equipo.

4. Cuando el arrendatario haya ejercido su derecho de rescindir el contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá recuperar cualquier renta y otras sumas pagadas por adelantado, salvo una suma razonable que corresponda al beneficio que él ha podido eventualmente obtener del equipo.

5. El arrendatario no tendrá acción contra el arrendador por falta de entrega del equipo, retardo en la entrega del equipo o entrega de equipo no conforme, a menos que ello haya sido resultado de un acto u omisión del arrendador.

6. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará los derechos del arrendatario contra el proveedor en conformidad con el artículo 10.

Artículo 13

1. En caso de incumplimiento por parte del arrendatario, el arrendador podrá cobrar el monto de las rentas vencidas y no pagadas, más los intereses y daños.

2. Cuando el incumplimiento del arrendatario es substancial, el arrendador, sujeto a lo que se prevé en el párrafo 5, podrá también exigir el pago anticipado del valor de las rentas futuras, si así lo prevé el contrato de arrendamiento, o podrá resolver el contrato de arrendamiento y luego de tal resolución:

(a) recuperar la posesión del equipo; y

(b) cobrar por concepto de daños una cantidad que lo ponga en la situación en que se hubiera encontrado si el arrendatario hubiera cumplido el contrato de arrendamiento en conformidad con sus términos.

3. (a) El contrato de arrendamiento podrá establecer la manera en que serán calculados los daños que se deben percibir en conformidad con el apartado b) del párrafo 2.

(b) Esa estipulación será válida para las partes salvo que diera lugar a una indemnización substancialmente mayor que la prevista en el apartado (b) del párrafo 2.

Las partes no podrán derogar las disposiciones del presente apartado ni modificar sus efectos.

4. Cuando el arrendador ha resuelto el contrato de arrendamiento, no tendrá derecho a hacer valer una cláusula de ese contrato que prevea el pago anticipado del valor de las rentas futuras, pero el valor de esas rentas podrá ser considerado al calcularse los daños conforme al apartado b) del párrafo 2 y al párrafo 3. Las partes no podrán derogar las disposiciones del presente párrafo ni modificar sus efectos.

5. El arrendador no podrá exigir el pago anticipado de las rentas futuras ni resolver el contrato de arrendamiento en virtud del párrafo 2, salvo que haya avisado y dado al arrendatario una posibilidad razonable de remediar su falta si ésta es remediable.

6. El arrendador no tendrá derecho a cobrar los daños en la medida en que él no haya tomado todas las providencias razonables para limitar su pérdida.

Artículo 14

1. El arrendador podrá enajenar o negociar de otra forma todos o parte de los derechos que tiene en el equipo o que le corresponden por el contrato de arrendamiento.

Tal enajenación no relevará al arrendador de ninguna de las obligaciones que le corresponden conforme al contrato de arrendamiento, ni alterará la naturaleza del contrato de arrendamiento o su régimen jurídico tal como se prevé en la presente Convención.

2. El arrendatario podrá enajenar el derecho de usar el equipo o cualquier otro derecho que le corresponda por el contrato de arrendamiento, sólo con el consentimiento del arrendador y sujeto a los derechos de terceras partes.

CAPITULO III – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

1. La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia Diplomática para la Adopción de los Proyectos de Convenciones de Unidroit sobre Factoraje Internacional y Arrendamiento Financiero Internacional, y permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en Ottawa hasta el 31 de diciembre de 1990.

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados que la hubieran firmado.

3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta a la firma.

4. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuará por medio del depósito de un instrumento solemne con este fin ante el depositario.

Artículo 16

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiere a ella, después de haber depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor respecto de ese Estado el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 17

La presente Convención no prevalecerá sobre ningún tratado ya celebrado o que se celebre; en particular, no afectará ninguna responsabilidad impuesta a cualquier persona por tratados existentes o futuros.

Artículo 18

1. Todo Estado contratante integrado por dos o más unidades territoriales, en las que sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Convención, podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que la presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar en cualquier momento su declaración mediante otra declaración.

2. Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar expresamente a qué unidades territoriales se aplica la Convención.

3. Si en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la presente Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de una de las partes está situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese establecimiento no está en un Estado contratante, a menos que se encuentre en una unidad territorial a la que se aplique la Convención.

4. Si el Estado contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1, la Convención se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado.

Artículo 19

1. Dos o más Estados contratantes que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares podrán declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará cuando el proveedor, el arrendador y el arrendatario tengan sus establecimientos en esos Estados. Tales declaraciones podrán hacerse conjuntamente o mediante declaraciones unilaterales recíprocas.

2. Todo Estado contratante que, en las materias que se rigen por la presente Convención, tenga normas jurídicas idénticas o similares a las de uno o varios Estados no contratantes podrá declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará cuando el proveedor, el arrendador y el arrendatario tengan sus establecimientos en esos Estados.

3. Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al párrafo precedente llega a ser ulteriormente Estado contratante, la declaración surtirá los efectos de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1 desde la fecha en que la Convención entre en vigor respecto del nuevo Estado contratante, siempre que el nuevo Estado contratante suscriba esa declaración o haga una declaración unilateral de carácter recíproco.

Artículo 20

Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que aplicará su ley nacional en vez del párrafo 3 del artículo 8, si esta ley nacional no permite que el arrendador se exceptúe de la responsabilidad que resulta de su falta o negligencia.

Artículo 21

1. Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en el momento de la firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a la ratificación, la aceptación o la aprobación.

2. Las declaraciones y las confirmaciones de declaraciones se harán constar por escrito y se notificarán formalmente al depositario.

3. Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención respecto del Estado de que se trate. No obstante, toda declaración de la que el depositario reciba notificación formal después de tal entrada en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que haya sido recibida por el depositario. Las declaraciones unilaterales recíprocas hechas conforme al artículo 19 surtirán efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que el depositario haya recibido la última declaración.

4. Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Convención podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación formal hecha por escrito al depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que el depositario haya recibido tal notificación.

5. El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 19, hará ineficaz, respecto del Estado que efectuó ese retiro a partir de la fecha en que surta efecto el retiro, cualquier declaración conjunta o declaración unilateral recíproca hecha por otro Estado conforme a ese artículo.

Artículo 22

No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por la presente Convención.

Artículo 23

La presente Convención se aplicará a una operación de arrendamiento financiero cuando tanto el contrato de arrendamiento como el contrato de suministro han sido celebrados en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención, o posteriormente, respecto de los Estados contratantes a que se refiere el artículo 3(1)(a), o respecto del Estado contratante o de los Estados contratantes a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 de ese artículo.

Artículo 24

1. La presente Convención podrá ser denunciada por todo Estado contratante en cualquier momento desde la fecha en que la Convención entre en vigor respecto de ese Estado.

2. La denuncia se efectuará mediante el depósito ante el depositario de un instrumento con ese fin.

3. La denuncia surtirá efecto en el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que el instrumento de denuncia haya sido depositado ante el depositario. Cuando en el instrumento de denuncia se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta efecto, ésta surtirá efecto a la expiración de ese plazo, contado desde la fecha en que el instrumento de notificación haya sido depositado ante el depositario.

Artículo 25

1. La presente Convención se depositará en poder del Gobierno de Canadá.

2. El Gobierno de Canadá:

(a) informará a todos los Estados que hayan firmado la presente Convención, o que se hayan adherido a ella, y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) de:

(i) cada nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en que se efectúe esa firma o ese depósito;

(ii) cada declaración hecha conforme a los artículos 18, 19 y 20;

(iii) el retiro de toda declaración, efectuado conforme al párrafo 4 del artículo 21;

(iv) la fecha de entrada en vigor de la presente Convención;

(v) el depósito de todo instrumento de denuncia de la presente Convención así como de la fecha en que ese instrumento haya sido depositado y de la fecha en que esa denuncia surtirá efecto;

(b) remitirá ejemplares certificados auténticos de la presente Convención a todos los Estados signatarios, a todos los Estados que se adhieren a ella y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

HECHA en Ottawa, el día veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, en un solo original, cuyos textos en francés e inglés son igualmente auténticos.

Convención Medidas para impedir la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales

CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITA DE BIENES CULTURALES

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 16ª reunión, celebrada en París, del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970,

Recordando la importancia de las disposiciones de la declaración de los principios de la cooperación cultural internacional que la Conferencia General aprobó en su 14ª reunión.

Considerando que el intercambio de bienes culturales entre las naciones con fines científicos, culturales y educativos, aumenta los conocimientos sobre la civilización humana, enriquece la vida cultural de todos los pueblos e inspira el respeto mutuo y la estima entre las naciones,

Considerando que los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio,

Considerando que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio constituido por los bienes culturales existentes en su territorio, contra los peligros de robo, excavación clandestina y del de todas las naciones,

Considerando que para evitar esos peligros es indispensable que todo Estado tenga cada vez más conciencia de las obligaciones morales inherentes al respeto de su patrimonio cultural y del de todas las naciones.

Considerando que los museos, las bibliotecas y los archivos, como instituciones culturales, deben velar por que la constitución de sus colecciones se basa en principios morales universalmente reconocidos,

Considerando que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales, dificultan la comprensión mutua de las naciones que la Unesco tiene el deber de favorecer, entre otras formas, recomendando a los Estados interesados que concierten convenciones nacionales con ese objeto,

Considerando que, para ser eficaz, la protección del patrimonio cultural debe organizarse tanto en el plano nacional como en el internacional, y que exige una estrecha colaboración entre los Estados,

Considerando que la Conferencia General de la Unesco aprobó ya en 1964 una recomendación con este objeto,

Habiendo examinado nuevas propuestas relativas a las medidas destinadas a prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, cuestión que constituye el punto 19 del orden del día de la reunión.

Después de haber decidido, en la 15ª reunión, que esta cuestión sería objeto de una convención internacional, aprueba el día 14 de noviembre de 1970, la presente convención.

ARTICULO 1

Para los efectos de la presente convención se considerarán como bienes culturales los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías enumeradas a continuación:

a) Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés paleontológico;

b) Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional;

c) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;

d) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico;

e) Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados;

f) El material etnológico;

g) Los bienes de interés artístico tales como:

i) Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano).

ii) Producciones originales de arte estatutario y de escultura en cualquier material.

iii) Grabados, estampas y litografías originales.

iv) Conjuntos y montajes artísticos originales, en cualquier material.

h) Manuscritos raros e incunables, libros documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.), sueltos o en colecciones;

i) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones;

j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos;

k) Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos.

ARTICULO 2

1. Los Estados partes en la presente convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales constituyen una de las causas principales de empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.

2. Con este objeto, los Estados partes se comprometen a combatir estas prácticas con los medios de que dispongan sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo su curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se impongan.

ARTICULO 3

Son ilícitas la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones adoptadas por los Estados partes, en virtud de la presente convención.

ARTICULO 4

Los Estados partes en la presente convención reconocen que para los efectos de la misma, forman parte del patrimonio cultural de cada Estado los bienes que pertenecen a las categorías enumeradas a continuación:

a) Bienes culturales debidos al genio individual o colectivo de naciones de que se trate y bienes culturales importantes para ese mismo Estado y que hayan sido creados en su territorio por nacionales de otros países o por apátridas que residan en él;

b) Bienes culturales hallados en el territorio nacional;

c) Bienes culturales adquiridos por misiones arqueológicas, etnológicas o de ciencias naturales con el consentimiento de las autoridades competentes del país de origen de esos bienes;

d) Bienes culturales que hayan sido objeto de intercambios libremente consentidos;

e) Bienes culturales recibidos a título gratuito o adquiridos legalmente con el consentimiento de las autoridades competentes del país de origen de esos bienes.

ARTICULO 5

Para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita, los Estados partes en la presente convención, se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones apropiadas a cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio cultural, si esos servicios no existen aún, dotados de personal competente y en número suficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se indican a continuación:

a) Contribuir a la preparación de los proyectos de textos legislativos y reglamentarios que permitan la protección del patrimonio cultural y de un modo especial la represión de las importaciones, exportaciones y transferencias de propiedad ilícita de los bienes culturales importantes;

b) Establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de protección, la lista de los bienes culturales importantes, públicos y privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional;

c) Fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones científicas y técnicas (museos, bibliotecas, archivos, laboratorios, talleres, etc.), necesarias para garantizar la conservación y la valorización de los bienes culturales;

d) Organizar el control de las excavaciones arqueológicas, garantizar la conservación in situ de determinados bienes culturales y proteger ciertas zonas reservadas para futuras investigaciones arqueológicas;

e) Dictar, con destino a las personas interesadas (directores de museos, coleccionistas, anticuarios, etc.), normas que se ajusten a los principios éticos formulados en la presente convención y velar por el respeto de esas normas;

f) Ejercer una acción educativa para estimular y desarrollar el respeto al patrimonio cultural de todos los Estados y difundir ampliamente las disposiciones de la presente convención;

g) Velar por que se dé la publicidad apropiada a todo caso de desaparición de un bien cultural.

ARTICULO 6

Los Estados partes en la presente convención se obligan:

a) A establecer un certificado adecuado, en el cual el Estado exportador autorice la exportación del bien o de los bienes culturales de que se trate y que deberá acompañar a todos los bienes culturales regularmente exportados;

b) A prohibir la salida de su territorio de los bienes culturales no acompañados del certificado de exportación antes mencionado;

c) A dar la oportuna difusión a esta prohibición, especialmente entre las personas que pudieran exportar e importar bienes culturales.

ARTICULO 7

Los Estados partes en la presente convención se obligan:

a) A tomar todas las medidas necesarias, conforme a la legislación nacional, para impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro Estado parte en la convención, por los museos y otras instituciones similares situados en su territorio, si esos bienes se hubieren exportado ilícitamente después de la entrada en vigor de la convención, y en lo posible, a informar al Estado de origen, parte en la convención, de toda oferta de bienes culturales exportados ilícitamente de ese Estado después de la entrada en vigor de la presente convención en ambos Estados;

b) i) A prohibir la importación de bienes culturales robados en un museo, un monumento público civil o religioso, o una institución similar, situados en el territorio de otro Estado parte en la convención, después de la entrada en vigor de la misma en los Estados en cuestión, siempre que se pruebe que tales bienes figuran en el inventario de la institución interesada;

ii) A tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del Estado de origen parte en la convención, todo bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la presente convención en los 2 Estados interesados, a condición de que el Estado requirente abone una indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes. Las peticiones de decomiso y restitución deberán dirigirse al Estado requerido, por vía diplomática. El Estado requirente deberá facilitar, a su costa, todos los medios de prueba necesarios para justificar su petición de decomiso y restitución. Los Estados partes se abstendrán de imponer derechos de aduana u otros gravámenes, sobre los bienes culturales restituidos con arreglo al presente artículo. Todos los gastos correspondientes a la restitución del o de los bienes culturales en cuestión, correrán a cargo del Estado requirente.

ARTICULO 8

Los Estado partes en la presente convención se obligan a imponer sanciones penales o administrativas a toda persona responsable de haber infringido las prohibiciones contenidas en el apartado b) del art. 6 y del apartado b) del art. 7.

ARTICULO 9

Todo Estado parte en la presente convención, cuyo patrimonio cultural se encuentra en peligro, a consecuencia de pillajes arqueológicos o etnológicos podrá dirigir un llamamiento a los Estados interesados. Los Estado partes en la presente convención se comprometen a participar en cualquier operación internacional concertada en esas circunstancias, para determinar y aplicar las medidas concretas necesarias, incluso el control de la exportación, la importación y el comercio internacional de los bienes culturales de que concretamente se trate. Mientras se transmita el establecimiento de un acuerdo, cada Estado interesado tomará disposiciones provisionales, en cuanto sea posible, para evitar que el patrimonio cultural del Estado peticionario sufra daños irreparables.

ARTICULO 10

Los Estado partes en la presente convención, se obligan:

a) A restringir, por medio de la educación, de la información y de la vigilancia, la transferencia de bienes culturales ilegalmente sacados de cualquier Estado parte en la presente convención y a obligar a los anticuarios, en la forma pertinente de cada país y bajo pena de sanciones penales o administrativas, a llevar un registro que mencione la procedencia de cada bien cultural, el nombre y la dirección del proveedor, la descripción y el precio de cada bien vendido, y a informar al comprador del bien cultural de la prohibición de exportación de que puede ser objeto ese bien;

b) A esforzarse, por medio de la educación, en crear y desarrollar en el público, el sentimiento del valor de los bienes culturales y del peligro que el robo, las excavaciones clandestinas y las exportaciones ilícitas representan para el patrimonio cultural.

ARTICULO 11

Se consideran ilícitas la exportación y la transferencia de propiedad forzadas de bienes culturales que resulten directa o indirectamente de la ocupación de un país por una potencia extranjera.

ARTICULO 12

Los Estados partes en la presente convención respetarán el patrimonio cultural de los territorios cuyas relaciones internacionales tienen a su cargo y tomarán las medidas adecuadas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales en esos territorios.

ARTICULO 13

Los Estado partes en la presente convención se obligan admás, con arreglo a lo dispuesto en la legislación de cada Estado:

a) A impedir por todos los medios adecuados, las transferencias de propiedad de bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la exportación ilícitas de esos bienes;

b) A hacer que sus servicios competentes colaboren para efectuar lo antes posible la restitución, a quien corresponda en derecho, de los bienes culturales exportados ilícitamente;

c) A admitir una acción reivindicatoria de los bienes culturales perdidos o robados, ejercitada por sus propietarios legítimos o en nombre de los mismos;

d) A reconocer, además, el derecho imprescriptible de cada Estado parte en la presente convención, de clasificar y declarar inalienables determinados bienes culturales, de manera que no puedan ser exportados, y a facilitar su recuperación por el Estado interesado, si lo hubieren sido.

ARTICULO 14

Para prevenir las exportaciones ilícitas, y para hacer frente a las obligaciones que entraña la ejecución de esta convención, cada Estado parte de la misma, en la medida de sus posibilidades, deberá dotar a los servicios nacionales de protección de su patrimonio cultural con un presupuesto suficiente y podrá crear, siempre que sea necesario, un fondo para los fines mencionados.

ARTICULO 15

Ninguna disposición de la presente convención impedirá que los Estados partes en ella concierten entre sí acuerdos particulares o sigan aplicando los ya concertados sobre la restitución de los bienes culturales salidos de su territorio de origen, cualquiera que fuere la razón, antes de haber entrado en vigor la presente convención para los Estados interesados.

ARTICULO 16

Los Estados partes en la presente convención indicarán, en los informes periódicos que presentarán a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma que ésta determine, las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como las demás medidas que hayan adoptado para aplicar la presente convención, con detalles acerca de la experiencia que hayan adquirido en este campo.

ARTICULO 17

1. Los Estado partes en la presente convención podrán recurrir a la ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre todo en lo que respecta a:

a) La información y la educación;

b) La consulta y el dictamen de expertos;

c) La coordinación y los buenos oficios.

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá por su propia iniciativa, realizar investigaciones y publicar estudios sobre asuntos relacionados con la circulación ilícita de bienes culturales.

3. Con este objeto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá también recurrir a la cooperación de toda organización no gubernamental competente.

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá por su propia iniciativa, presentar propuestas a los Estados partes con miras al cumplimiento de la presente convención.

5. A petición de 2 Estado partes por lo menos, que se hallen empeñados en una controversia respecto de la aplicación de la presente convención, la Unesco podrá ofrecer sus buenos oficios para llegar a un arreglo entre ellos.

ARTICULO 18

La presente convención está redactada en español, francés, inglés y ruso. Los 4 textos hacen igualmente fe.

ARTICULO 19

1. La presente convención se someterá a la ratificación o a la aceptación de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con arreglo a sus procedimientos constitucionales respectivos.

2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación se depositarán en poder del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ARTICULO 20

1. La presente convención estará abierta a la adhesión de todo Estado no miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, invitado a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización.

2. La adhesión se hará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

ARTICULO 21

La presente convención entrará en vigor 3 meses después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, pero sólo respecto a los Estados que hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, de aceptación o de adhesión en esa fecha o con anterioridad. Para cada uno de los demás Estados, entrará en vigor 3 meses después del depósito de su respectivo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

ARTICULO 22

Los Estados partes en la presente convención reconocen que ésta es aplicable no sólo a sus territorios metropolitanos sino también a los territorios de cuyas relaciones internacionales están encargados, y se comprometen a consultar, en caso necesario, a los gobiernos o demás autoridades competentes de los territorios mencionados en el momento de ratificar, la aplicación de la convención, en esos territorios, así como notificar al aceptar o adherirse a la convención, o con anterioridad, con miras a obtener director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los territorios a los cuales se aplicará la convención. Esta ratificación surtirá efecto 3 meses después de la fecha de su recepción.

ARTICULO 23

1. Cada uno de los Estados partes en la presente convención tendrá la facultad de denunciarla en su nombre propio o en nombre de todo territorio cuyas relaciones internacionales tengan a su cargo.

2. La denuncia se notificará mediante instrumento escrito que se depositará en poder del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia.

ARTICULO 24

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados miembros de la Organización, a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 20, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión que se mencionan en los arts. 19 y 20, al igual que de las modificaciones y denuncias respectivamente previstas en los arts. 22 y 23.

ARTICULO 25

1. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presente convención. Sin embargo, la revisión sólo obligará a los Estados que lleguen a ser partes en la convención revisada.

2. En caso de que la Conferencia General apruebe una nueva convención que constituya una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva convención disponga otra cosa, la presente convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión, a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva convención revisada.

ARTICULO 26

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Convención Roma 1933 Embargo preventivo de aeronaves

CONVENCIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL EMBARGO PREVENTIVO DE AERONAVES

ARTICULO 1

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas las normas establecidas por la presente convención.

ARTICULO 2

(1) De acuerdo con la presente convención se entiende por embargo preventivo, todo acto, cualquiera fuese su nombre, por el cual una aeronave es detenida, en un interés privado, por mediación de agentes de la justicia o de la Administración pública, en provecho ya sea de un acreedor, o del propietario o del titular de un derecho real que grava la aeronave, sin que el embargante pueda invocar un fallo ejecutorio pronunciado previamente en procedimiento ordinario, o un título de ejecución equivalente.

(2) En caso en que la ley competente acuerde al acreedor, que detenta la aeronave, sin el consentimiento del beneficiario, un derecho de retención, el ejercicio de este derecho, a los fines de la presente convención, se asimila al embargo preventivo y está sujeto al régimen previsto por la presente convención.

ARTICULO 3

(1) Están exceptuadas de embargo preventivo:

a) Las aeronaves afectadas exclusivamente a un servicio del Estado, inclusive el correo, exceptuando el comercio.

b) Las aeronaves que prestan efectivamente servicios en una línea regular de transportes públicos y las aeronaves de reserva indispensables.

c) Toda otra aeronave afectada al transporte de personas o de bienes contra el pago de una remuneración, cuando se encuentre listo a partir para efectuar dicho transporte, salvo que se trate de una deuda contraída para el viaje que va a realizar o de una deuda originaria en el transcurso del viaje.

(2) Las disposiciones del presente artículo no se aplican al embargo preventivo ejercido por el propietario desposeído de su aeronave mediante un acto ilícito.

ARTICULO 4

(1) En caso de que el embargo no estuviera prohibido o cuando, en caso de inembargabilidad de la aeronave, el explotador no la invoca, el pago de una fianza suficiente impide el embargo preventivo y da lugar al levantamiento inmediato de la medida.

(2) Se dice que la fianza es suficiente si cubre el monto de la deuda y los gastos y si es exclusivamente imputada al pago del acreedor, o si cubre el valor de la aeronave en caso de que éste sea inferior al monto de la deuda y los gastos.

ARTICULO 5

En todos los casos, se decidirá, mediante un procedimiento sumario y rápido, sobre el pedido de levantamiento del embargo preventivo.

ARTICULO 6

(1) De haberse procedido el embargo de una aeronave inembargable de acuerdo con las disposiciones de la presente convención, o si el deudor debió pagar una fianza para impedir el embargo o para obtener su levantamiento, el embargante es responsable, según la ley del lugar del procedimiento, del perjuicio causado al explotador, o al propietario.

(2) Esta misma norma se aplica en casos de embargo preventivo dispuesto sin justa causa.

ARTICULO 7

La presente convención no se aplica a las medidas precautorias en materia de quiebra, ni a las medidas precautorias en casos de violación de las leyes de aduana, penales o de policía.

ARTICULO 8

La presente convención no se opone a la aplicación de convenciones internacionales entre las Altas Partes Contratantes que prevean una inembargabilidad más amplia.

ARTICULO 9

(1) La presente convención se aplica en el territorio de cada una de las Altas Partes Contratantes a toda aeronave matriculada en el territorio de otra de las Altas Partes Contratantes.

(2) La expresión "territorio de una Alta Parte Contratante" se refiere a todo territorio sujeto al poder soberano, a la soberanía, protectorado, mandato o autoridad de dicha Alta Parte Contratante por el cual esta última es parte en la convención.

ARTICULO 10

La presente convención está redactada en francés en un solo ejemplar, que quedará archivado en el Ministerio de Asuntos Extranjeros del Reino de Italia, y del cual el Gobierno del Reino de Italia enviará una copia certificada conforme a cada uno de los Gobiernos interesados.

ARTICULO 11

(1) La presente convención será ratificada. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Reino de Italia, quien notificaría sobre este depósito a cada uno de los Gobiernos interesados.

(2) En cuanto se hubieran depositado cinco ratificaciones, la convención entrará en vigor, entre las Altas Partes Contratantes que la hayan ratificado, noventa días después de la quinta ratificación. Cada ratificación cuyo depósito tenga lugar en posterioridad, entrará en vigor noventa días después de dicho depósito.

(3) Corresponderá al Gobierno del Reino de Italia notificar a cada uno de los Gobiernos interesados, la fecha de la entrada en vigor de la presente convención.

ARTICULO 12

(1) La presente convención, luego de su entrada en vigor, quedará abierta a las adhesiones.

(2) La adhesión se realizará mediante notificación dirigida al Gobierno del Reino de Italia quien lo comunicará a cada uno de los Gobiernos interesados.

(3) La adhesión entrará en vigor noventa días después de ser notificada al Gobierno del Reino de Italia.

ARTICULO 13

(1) Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciar la presente convención mediante notificación al Gobierno del Reino de Italia, quien lo comunicará de inmediato a cada uno de los Gobiernos interesados.

(2) La denuncia surtirá efectos seis meses después de su notificación y sólo con respecto a la Parte que la haya presentado.

ARTICULO 14

(1) Las Altas Partes Contratantes podrán en el momento de la firma, del depósito de las ratificaciones, o de su adhesión, declarar que su aceptación de la presente convención no se aplica al conjunto o a cualquier parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar, territorios bajo mandato o a cualquier otro territorio sujeto a su soberanía, autoridad o dominio.

(2) Las Altas Partes Contratantes podrán con posterioridad notificar al Gobierno del Reino de Italia que desean que la presente convención sea aplicable al conjunto o a cualquier parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar, territorios bajo mandato o todo otro territorio sujeto a la soberanía, autoridad o dominio que habían quedado excluidos de su declaración original.

(3) Podrán, en cualquier momento, notificar al Gobierno del Reino de Italia que desean que cese la aplicación de la presente convención al conjunto o a cualquier parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar, territorios bajo mandato, o a cualquier otro territorio sujeto a su soberanía, autoridad o dominio.

(4) El Gobierno del Reino de Italia notificará a cada uno de los Gobiernos interesados las notificaciones efectuadas de conformidad con los dos incisos precitados.

ARTICULO 15

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad, no antes de dos años, como mínimo de la entrada en vigor de la presente convención, de pedir la reunión de una nueva conferencia internacional con el fin de buscar las mejoras que podrían introducirse a la presente convención.

Para ello deberá dirigirse al Gobierno de la República Francesa quien tomará las medidas necesarias para la preparación de dicha conferencia.

La presente convención hecha en Roma el 29 de mayo 1933 quedará abierta a la firma hasta el primero de enero de 1934.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firmaron la presente convención.

Convenio con Uruguay Igualdad de trato procesal y exhortos

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY SOBRE IGUALDAD DE TRATO PROCESAL Y EXHORTOS

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay deseosos de fortalecer sus estrechos vínculos y concientes de la necesidad de consagrar la igualdad de trato y procesal para los domiciliados en ambos Estados y facilitar la cooperación mutua en sus actos procesales judiciales sobre exhortos en materias no contenciosas de mero trámite y probatorias, convienen lo siguiente:

ARTICULO 1º

Los domiciliados en un Estado Parte gozarán, ante los tribunales del otro, del mismo trato de que gozan quienes en el se domicilian.

ARTICULO 2º

Los exhortos que se dirijan entre sí los órganos jurisdiccionales de ambos países en materia civil, comercial, laboral, penal o contencioso administrativa, serán remitidos por conducto de sus respectivos Ministerios de Justicia, no necesitarán legalización de firmas y se tramitarán con arreglo a las leyes del país requerido, cuando tengan por objeto:

a) Actos procesales no contenciosos, tales como apertura de testamentos, inventarios, tasaciones u otros semejantes;

b) Diligencias de mero trámite, como citaciones, emplazamientos, intimaciones, notificaciones u otras semejantes;

c) Medidas de prueba.

ARTICULO 3º

Los exhortos deberán contener:

a) Denominación y dirección del órgano jurisdiccional requirente, con determinación del nombre del titular y secretario o actuario intervinientes;

b) Individuación del expediente con especificación del objeto y naturaleza del juicio y del nombre y dirección de las partes;

c) Transcripción de la resolución que ordena el libramiento del exhorto;

d) Nombre y dirección de la parte solicitante y de su apoderado en el país requerido, si los hubiera;

e) Indicación explícita del objeto del exhorto, precisando el nombre y dirección del destinatario de la medida, si lo hubiera;

f) Información precisa del término de que dispone el destinatario de la medida para cumplirla y las consecuencias jurídicas de su inercia;

g) Todas las demás precisiones objetivas que se estimen útiles para facilitar la tarea del órgano jurisdiccional requerido;

h) La firma y sello del tribunal. Todas las fojas deberán estar firmadas por el secretario o actuario interviniente.

ARTICULO 4º

Si se ruega la recepción u obtención de pruebas, el exhorto deberá también contener:

a) Un resumen del juicio que facilite las diligencias probatorias;

b) Nombre y dirección de los testigos, peritos, personas o instituciones que deban intervenir;

c) Texto de los interrogatorios y documentos necesarios para su recepción;

d) Nombre y dirección de la persona que, cuando correspondiera, se hará responsable en el país requerido de los gastos procesales que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba solicitada o bien un giro por el valor que estimativamente los pueda cubrir.

ARTICULO 5º

A solicitud del órgano jurisdiccional requirente se observarán formalidades adicionales o trámites especiales previstos por su ordenamiento procesal, si ello no afecta manifiestamente el orden público internacional del Estado exhortado.

ARTICULO 6º

El Ministerio de Justicia que reciba del otro un exhorto para su diligenciamiento, lo transmitirá de inmediato a esos efectos al órgano jurisdiccional que determine su ordenamiento legal interno y le hará saber al Ministerio de Justicia remitente la denominación y dirección del tribunal en que quedó radicado.

ARTICULO 7º

El órgano jurisdiccional requerido ordenará el cumplimiento del exhorto si ello no afecta manifiestamente su orden público internacional.

El cumplimiento del exhorto no implicará el reconocimiento de la competencia internacional del tribunal requirente.

ARTICULO 8º

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del exhorto, no requerirán petición expresa ni la intervención de parte interesada debiendo ser practicados de oficio por el órgano jurisdiccional requerido, lo que no obsta a que las partes intervengan por si o por intermedio de apoderado.

ARTICULO 9º

Cuando para el cumplimiento del exhorto el órgano jurisdiccional requerido estimara necesario contar con nuevos elementos o antecedentes, pondrá esa circunstancia en conocimiento del exhortante, siempre por conducto de los respectivos Ministerios de Justicia.

ARTICULO 10

La tramitación de los exhortos contemplados en el presente convenio será recíprocamente gratuita.

Si el interesado en la ejecución del exhorto ha designado un apoderado en el foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare el ejercicio del poder que otorgó no estarán a cargo de los Estados Partes.

ARTICULO 11

En materia penal los gastos inherentes al diligenciamiento y producción de la prueba serán soportados por el Estado requerido.

En las demás materias regirá el mismo principio excepto cuando se solicitaren medios probatorios que ocasionaren gastos especiales.

ARTICULO 12

En materia probatoria es potestad del órgano jurisdiccional requerido dar o no curso al exhorto que no haya satisfecho a su criterio las indicaciones del inc. d) del art. 4º, debiendo en caso negativo hacer conocer al interesado cómo debe completar su garantía.

Si el costo de las actuaciones realizadas excediese el valor asegurado por los medios determinados en citado inciso, ello no será causa para el retraso o incumplimiento del exhorto, debiendo en tal caso el Ministerio de Justicia del país requerido, al devolverlo diligenciado, solicitar que el interesado complete el pago.

ARTICULO 13

Los Ministerios de Justicia pondrán en conocimiento de sus órganos jurisdiccionales requirentes todas las comunicaciones que reciban, referentes a los exhortos pasados por su conducto, los que una vez diligenciados serán devueltos por la misma vía.

ARTICULO 14

Los respectivos Ministerios de Justicia se mantendrán mutuamente informados sobre la existencia en sus países de organismos oficiales y privados que brinden asistencia jurídica gratuita.

ARTICULO 15

El presente convenio regirá indefinidamente y entrará en vigor por el canje de los respectivos instrumentos de ratificación, que se efectuará en la ciudad de Montevideo.

Cualesquiera de las partes podrá denunciarlo y cesarán sus efectos a los seis (6) meses contados a partir de la recepción de la denuncia.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta, en dos ejemplares originales del mismo tenor, igualmente válidos.

Convenio con Uruguay Responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE DE ACCIDENTES DE TRANSITO

Los gobiernos de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay,

Deseosos de continuar la labor de fortalecimiento y actualización del derecho internacional privado que regula sus relaciones bilaterales,

Han convenido las siguientes disposiciones sobre la ley aplicable y jurisdicción internacionalmente competente en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito.

Artículo 1

El presente convenio determina la ley aplicable y la jurisdicción internacionalmente competente en casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito acaecidos en territorio de un Estado parte y en los que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en el otro Estado Parte.

Artículo 2

La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente.

Si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas en el otro Estado Parte, el mismo se regulará por el derecho interno de este último.

Artículo 3

A los efectos del presente convenio, el domicilio de las personas físicas será el de su residencia habitual.

Artículo 4

La responsabilidad civil por daños sufridos en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito, será regida por el derecho interno del Estado Parte en el cual se produjo el hecho.

Artículo 5

Cualquiera que fuere la ley aplicable a la regulación de la responsabilidad, serán tenidas en cuenta las reglas de circulación y seguridad en vigor en el lugar y en el momento del accidente.

Artículo 6

La ley aplicable a la responsabilidad civil conforme a los arts. 2º y 4º determinará especialmente:

1. Las condiciones y la extensión de la responsabilidad;

2. Las causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad;

3. La existencia y naturaleza de los daños susceptibles de reparación;

4. Las modalidades y extensión de la reparación;

5. La responsabilidad del principal por el hecho de sus dependientes; y

6. La prescripción y caducidad.

Artículo 7

Para ejercer las acciones comprendidas dentro de este convenio serán competentes, a elección del actor, los tribunales del Estado Parte:

a) Donde se produjo el accidente;

b) Del domicilio del demandado, y

c) Del domicilio del actor.

Artículo 8

Ningún vehículo automotor matriculado en un Estado Parte podrá circular por el territorio del otro Estado Parte, sin estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil eficaz en ambos Estados Partes.

Artículo 9

El perjudicado podrá dirigir su acción directamente contra el asegurador del responsable, si así lo autoriza el derecho aplicable en virtud de lo normado en los arts. 2º y 4º del presente convenio.

Artículo 10

Los automotores matriculados en un Estado Parte siniestrados en el otro, deberán ser reenviados al Estado de su registro. En el supuesto de destrucción total, la parte interesada quedará facultada para disponer de los mismos sin otro recaudo que la satisfacción de las exigencias de orden fiscal.

Lo dispuesto en este artículo no obstará la traba de las medidas cautelares que correspondan.

Artículo 11

El presente convenio regirá indefinidamente y entrará en vigor por el canje de los instrumentos de ratificación que se efectuará en la ciudad de Montevideo.

Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo luego de transcurridos seis meses de la entrada en vigor del mismo y cesarán sus efectos a los seis meses contados a partir de la recepción de la denuncia.

Hecho en Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio del año mil novecientos noventa y uno, en dos ejemplares del mismo tenor, igualmente válidos.

Tratado con Brasil Estatuto de empresas binacionales argentino-brasileñas

TRATADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTATUTO DE EMPRESAS BINACIONALES ARGENTINO-BRASILEÑAS

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Considerando: El proceso de integración y cooperación económica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, iniciado en 1986 con la firma del acta para la integración y cooperación económica argentino-brasileña y la celebración, el 29 de noviembre de 1988, del tratado de integración, cooperación y desarrollo que consolida dicho proceso.

La aprobación del tratado por ambos Congresos el 16 de agosto de 1989 y su posterior entrada en vigor.

El objetivo prioritario de promover la integración y complementación a nivel de empresas para asegurar el éxito del referido proceso.

Acuerdan el siguiente estatuto:

ARTICULO I - Definiciones

1. Los Estados Partes establecen el estatuto que regulará las empresas de carácter binacional que se constituyan de conformidad al mismo.

2. A los efectos del presente estatuto, se entiende por "Empresa Binacional Argentino-Brasileña --en adelante Empresa Binacional"-- aquella que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:

a) Que, por lo menos, el 80 % del capital social y de los votos pertenezca a inversores nacionales de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, asegurándoles el control real y efectivo de la Empresa Binacional;

b) Que la participación del conjunto de los inversores nacionales de cada uno de los dos países sea de, por lo menos, el 30 % del capital social de la Empresa; y

c) Que el conjunto de los inversores nacionales de cada uno de los dos países tenga derecho a elegir por lo menos un miembro de cada uno de los órganos de la administración y un miembro del órgano de fiscalización interna de la Empresa.

3. Se consideran inversores nacionales:

a) Las personas físicas domiciliadas en cualquiera de los dos países;

b) Las personas jurídicas de derecho público de cualquiera de los dos países; y

c) Las personas jurídicas de derecho privado de cualquiera de los dos países, en las cuales la mayoría del capital social y de los votos, y el control administrativo y tecnológico efectivo, sea detentado, directa o indirectamente por los inversores indicados en los incs. a) o b) arriba mencionados.

4. Las personas jurídicas a las que se refiere el inc. c) del párrafo 2. de este artículo, sea que estén domiciliados en la República Argentina o en la República Federativa del Brasil, conformarán, a efectos de lo dispuesto en el inc. b) del párrafo 1 de este artículo, el conjunto de los inversores nacionales del país al que pertenecen sus controladores.

5. Los aportes de capital del Fondo de Inversión, al que se refiere el Protocolo No. 7 del Programa de Integración y Cooperación Económica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, se considerarán efectuados por inversores nacionales, a los fines del cómputo de participaciones previsto en este artículo.

6. Las inversiones en las empresas binacionales de personas físicas o jurídicas que no posean las características mencionadas en el párrafo 2. del presente artículo no serán consideradas, a los efectos del presente estatuto, como realizadas por inversores nacionales.

ARTICULO II - Objeto

Las empresas binacionales podrán tener como objeto cualquier actividad económica permitida por la legislación del país de su sede, salvo las limitaciones establecidas por disposición constitucional.

ARTICULO III - Forma jurídica

1. Las empresas binacionales tendrán sede, necesariamente, en la República Argentina o en la República Federativa del Brasil y revestirá una de las formas jurídicas admitidas por la legislación del país elegido para la sede social, debiendo agregar a su denominación o razón social las palabras "Empresa Binacional Argentino-Brasileña" o las iniciales "E.B.A.B." o "E.B.B.A.".

2. Cuando la forma escogida fuese la de sociedad anónima, las respectivas acciones serán obligatoriamente nominativas, no transferibles por endoso.

3. Las empresas binacionales con sede en uno de los países podrán establecer en el otro sucursales, filiales o subsidiarias, observando las respectivas legislaciones nacionales en cuanto a objeto, forma y registro.

ARTICULO IV - Aportes

1. Podrán realizarse los siguientes aportes de capital a la Empresa Binacional:

a) Aportes en moneda local del país de origen de las inversiones;

b) Aportes en moneda de libre convertibilidad;

c) Aportes en bienes de capital y equipamientos de origen argentino y/o brasileño, sin cobertura cambiaria en el país receptor;

d) Otros aportes permitidos por la legislación de cada país; y

e) Bienes de capital y equipamientos originarios de terceros países, en la medida en que hayan sido internados en la República Argentina o en la República Federativa del Brasil hasta la fecha de la firma del presente estatuto, y que se integren al capital social hasta dos años después de su entrada en vigor. A partir de esta última fecha los bienes de capital y los equipamientos originarios de terceros países estarán sujetos al tratamiento tributario vigente en la República Argentina y en la República Federativa del Brasil.

2. Verificado el cumplimiento de los requisitos constitutivos de la Empresa Binacional -- conforme lo establece el art. VIII del presente estatuto -- La autoridad de aplicación del país de la sede emitirá un certificado provisorio en el cual constará necesariamente el monto del capital social y la naturaleza y porcentaje de los respectivos aportes.

3. Mediante la presentación del certificado provisorio indicado en el párrafo anterior ante la autoridad de aplicación del otro país, se autorizará automáticamente la transferencia de los aportes de capital que estuvieren individualizados en dicho certificado.

4. Una vez integrado el capital social, la autoridad de aplicación del país de la sede extenderá el certificado definitivo y comunicará dicho acto a la autoridad de aplicación del otro país.

5. A los efectos de lo dispuesto en el inc. c) del párrafo 1 del presente artículo, ambos Gobiernos tomarán las providencias necesarias para que el ingreso de los aportes allí mencionados se haga en sus respectivos territorios al amparo de los acuerdos bilaterales sobre comercio firmados entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de manera de eximirlos de cualquier restricción arancelaria o paraarancelaria (sea tributaria, administrativa, cuantitativa, u otra), en los términos de la legislación nacional aplicable en ambos países para el ingreso o egreso de tales aportes.

ARTICULO V - Tratamiento

1. Las empresas binacionales tendrán en el país de su actuación el mismo tratamiento establecido o que se establezca para las empresas de capital nacional de ese país, aun cuando la mayoría del capital social pertenezca a inversores del otro país, según lo establecido en el art. 1 del presente estatuto, en materia de:

a) Tributación interna;

b) Acceso al crédito interno;

c) Acceso a incentivos o ventajas de promoción industrial, nacional, regional o sectorial; y

d) Acceso a las compras y contratos del sector público.

2. Los bienes y servicios producidos por las empresas binacionales gozarán de tratamiento prioritario, equiparado al de las empresas de capital nacional, en la instrumentación por ambos Gobiernos de las iniciativas bilaterales desarrolladas en el contexto del proceso de integración y cooperación económica.

3. El tratamiento previsto en este artículo alcanza a las sucursales, filiales y subsidiarias de las Empresas Binacionales, observando las reglas del art. I del presente estatuto cuando corresponda.

ARTICULO VI - Transferencias al exterior

1. Los inversores de cada uno de los dos países en una Empresa Binacional establecida en el otro país tendrán derecho, luego del pago de los impuestos que corresponda, a transferir libremente a los respectivos países de origen las utilidades provenientes de su inversión, en la medida en que sean distribuidas entre sus inversores proporcionalmente de acuerdo a lo previsto en el art. I, párrafo 2 del presente estatuto, y a repatriar sus participaciones en el capital social, observadas, en esta última hipótesis, las disposiciones legales aplicables en cada país. Igual derecho corresponderá a las sucursales, filiales y subsidiarias de empresas binacionales respecto a sus utilidades netas.

2. Aun en caso de dificultades en los pagos externos, los Gobiernos de ambos países no aplicarán restricciones a los inversores en empresas binacionales para la libre transferencia de las utilidades netas que les correspondan.

ARTICULO VII - Transferencias de personal

Los dos Gobiernos tomarán las medidas necesarias para facilitar la movilidad entre ambos países del personal empleado por las empresas binacionales, incluyendo:

a) Facilidades para obtener la autorización de permanencia temporaria o definitiva; y

b) Reconocimiento recíproco de títulos profesionales.

ARTICULO VIII - Procedimiento

1. A los efectos de obtener el certificado provisorio previsto en el art. IV del presente estatuto, los inversores en las empresas binacionales deberán presentar ante la autoridad de aplicación del país sede a la que se refiere el art. IX, los siguientes documentos:

I -- Un acuerdo que estipule las condiciones en que se constituirán y operarán dichas empresas binacionales, que incluya obligatoriamente información sobre los siguientes puntos:

a) Objetivos y programas de actividades de la empresa binacional;

b) Estructura del capital social;

c) Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios;

d) Naturaleza y valor de los respectivos aportes al capital de la Empresa Binacional;

e) Distribución de funciones y cargos de administración entre los inversores de cada país;

f) Reglas para la distribución de los beneficios de la Empresa Binacional;

g) Reglas para las operaciones comerciales entre los inversores y su empresa binacional;

h) Reglas de preferencia para los casos de venta de acciones y aumento de capital social;

i) Reglas sobre liquidación de la empresa binacional; y

j) Reglas para la solución de controversias que incluyan la elección del foro a esos efectos.

II -- Copia del proyecto del estatuto social o del contrato social de constitución de la empresa binacional.

2. La autoridad de aplicación del país de constitución de la empresa binacional emitirá el certificado definitivo al que se refiere el art. IV del presente estatuto, mediante la presentación, por los interesados, de los siguientes documentos:

a) Comprobante de inscripción del contrato constitutivo de la empresa en el registro correspondiente;

b) Comprobante de integración del capital social;

c) Copia del estatuto o del contrato social de la empresa o documento equivalente; y

d) Declaración jurada de los directores o socios gerentes, según el caso, en la que conste que la composición del capital social de la empresa cumple con las reglas establecidas en el art. I del presente estatuto.

3. El certificado definitivo asegurará el goce de los beneficios previstos en este estatuto.

4. Solamente las empresas que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas en este estatuto podrán utilizar la denominación de "Empresa Binacional Argentino-Brasileña" conforme a lo previsto en el párrafo 1 del art. III.

5. La transferencia de acciones o participaciones en las empresas binacionales exigirá el previo consentimiento de la autoridad de aplicación del país de la sede, a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. I del presente estatuto.

ARTICULO IX - Autoridad de aplicación

1. La autoridad de aplicación del país de la sede tendrá a su cargo las funciones de certificación de la constitución y funcionamiento de las empresas binacionales, conforme lo establecido en el art. VIII, y demás artículos conexos del presente estatuto.

2. La autoridad de aplicación de cada país llevará y mantendrá actualizado un registro de empresas binacionales de ambos países, de consulta pública.

3. La autoridad de aplicación, cuando fueren comprobadas infracciones a este estatuto o a la legislación del respectivo país cometidas por una empresa binacional, podrá dejar sin efecto la calificación de binacional de dicha empresa, y notificará a la autoridad de aplicación del otro país. En este caso, la empresa perderá el derecho a ampararse en las disposiciones del presente estatuto, a partir del momento en que haya ocurrido la infracción, sin perjuicio de otras sanciones legales aplicables.

4. La autoridad de aplicación de cada país será designada en el plazo de 30 (treinta) días de la entrada en vigor del presente Estatuto, por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, debiendo recaer dicha designación en un órgano o entidad ya existente de sus respectivas administraciones centrales.

ARTICULO X - Implementación del estatuto de empresas binacionales

1. Constitúyese por el presente estatuto un Comité Binacional Permanente de Implementación y Seguimiento del estatuto de empresas binacionales, integrado por dos representantes del sector público de cada Estado Parte --debiendo ser uno de ellos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el otro de la autoridad de aplicación-- y por dos representantes del sector privado de cada uno de los dos países. Los representantes del sector privado tendrán un mandato de dos años renovable en dos oportunidades. Cada representante tendrá un suplente.

2. El Comité desarrollará sus actividades en cada uno de los países, y se reunirá con una periodicidad de seis meses o a instancias de una de las Partes.

3. El Comité tiene a su cargo impulsar y supervisar la implementación y la plena vigencia y eficacia en ambos países de medidas que faciliten la formación y funcionamiento de empresas binacionales y que garanticen el pleno acceso a los beneficios otorgados por el presente estatuto.

4. Asimismo, el Comité actuará como órgano de consulta de los Gobiernos nacionales respecto a toda cuestión que suscite la instrumentación y la aplicación del estatuto, teniendo a su cargo la interpretación del contenido y alcance de sus disposiciones.

5. El Comité establecerá su propio reglamento de funcionamiento durante su primera reunión, la que deberá efectuarse, a más tardar, a los 60 días de la entrada en vigor del presente estatuto.

ARTICULO XI - Entrada en vigor

El presente estatuto entrará en vigor en la fecha que se intercambien los respectivos instrumentos de ratificación.

ARTICULO XII - Vigencia y denuncia

1. El presente estatuto tendrá una duración indefinida.

2. El presente estatuto podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Partes por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de notificación de la misma al otro Estado Parte.

ARTICULO XIII - Disposición transitoria

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil revisarán en el plazo de cuatro meses, a partir de la entrada en vigor del presente estatuto, el convenio entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los Impuestos sobre la renta, firmado el 17 de mayo de 1980, para adecuarlo al contenido del presente estatuto.

Hecho en Buenos Aires, a los seis días del mes de julio de mil novecientos noventa en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.